Una decisión tomada por la Junta Directiva del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) ha desatado una fuerte polémica en el gremio profesional. Según una carta notarial enviada por el ingeniero José Domingo Ortega Navaez, Past Presidente del Comité Provincial Barranca Cajatambo, la actual gestión —liderada por el ingeniero Edwin Chávarry Carahuatay— habría aprobado en sesión interna una asignación económica mensual para sus integrantes, con efecto retroactivo desde febrero de 2025.
La medida, justificada bajo el concepto de “gestión administrativa”, ha sido calificada como irregular, sin sustento estatutario ni aprobación colegiada, lo que ha encendido alertas sobre una posible vulneración a los principios de ética, transparencia y servicio que deben guiar la labor dirigencial.
«Esta no es una mejora para los colegiados, es un beneficio personal para quienes tomaron la decisión», expresó Ortega Navaez. La reacción no se ha hecho esperar: colegiados de diversas sedes departamentales del Colegio de Ingenieros han manifestado su indignación, alegando que estas acciones deterioran la imagen institucional y erosionan la confianza de más de 300 mil profesionales ingenieros.
Frente a la denuncia, el Consejo Nacional del CIP y el Tribunal de Ética Nacional han activado mecanismos internos de revisión y anunciaron una investigación disciplinaria rigurosa, con el fin de esclarecer los hechos y sancionar con firmeza cualquier posible acto de beneficio indebido.