El vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, se pronunció este domingo respecto al paro convocado por diferentes gremios de transporte de Lima Norte, el cual tendrá lugar el próximo 10 de octubre, por 72 horas.
Esta medida de fuerza fue acordada ayer, sábado, por gremios de buses, taxis, mototaxis y colectivos, según informaron sus dirigentes en una conferencia de prensa realizada en el Cercado de Lima.
Carlos Fredy, uno de los transportistas presentes, dijo que venían siendo afectados por el cobro de cupos y por el sicariato, y aseguró que son cerca de 400 las compañías que se unirán al paro.
“Los principales dirigentes han estado acá reunidos y hemos decidido apoyar el paro de 72 horas para este 10 de octubre”, señaló en diálogo con RPP.
“Queremos la renuncia del ministro de Transportes y del Interior. El ministro debería dar un paso al costado, porque él ha defendido a puro delincuente, incluso hay casos que han sido revelado hace poco, delincuentes que están extorsionando a nivel nacional”, agregó.
«Existen intereses políticos cuyo objetivo es generar una desestabilización»
Al ser consultado por el anuncio de este paro de transportistas, Fredy Hinojosa indicó que el ministro de Transportes ha sostenido reuniones con gremios de transportistas y que se están tomando medidas de protección para que no sean afectados por extorsionadores.
«El ministro de Transportes ha sostenido importantes reuniones de trabajo con los principales líderes de los transportistas. Se ha arribado a acuerdos que se vienen ejecutando. Reiteramos, la inauguración de la central 111 contra las extorsiones, la implementación del Grupo Gorex (…) Todo un plan de protección para garantizar la tranquilidad de los transportistas está en plena ejecución, de tal manera que los transportistas están coordinando con las autoridades correspondientes», aseguró.
Por ello, indicó que la anunciada medida para este jueves tendría «intereses políticos» que buscan la «desestabilización» del gobierno.
«Lo que estamos advirtiendo es que existen intereses políticos cuyo objetivo es generar una desestabilización, afectar la institucionalidad e impedir que nuestro país continue dentro del marco democrático y constitucional. Recordemos que en diciembre del 2022 se pretendió afectar el orden constitucional con un golpe de Estado, y el gobierno de la presidenta garantiza al país un proceso democrático que concluirá con una transferencia democrática el 28 de julio del 2026″, sostuvo.
«En tal sentido, no existen razones para politizar una protesta de esta naturaleza. De hecho, el gobierno reconoce el legítimo derecho de cualquier ciudadano de protestar de manera pacífica, somos respetuosos de ese derecho; pero los peruanos no podemos permitir que se politice y se genere una situación de desestabilidad, el Perú no puede paralizarse, tiene que continuar en esta línea de desarrollo, de crecimiento, con el destrabe de importantes obras», puntualizó. (RPP)