Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la práctica desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida.
La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Javier Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.
Varias organizaciones sociales y sindicales plantearon la nulidad del decreto 70/2023 al considerar que no existe la emergencia aducida por el Ejecutivo a la hora de tomar estas severas medidas económicas.
Desde entonces, el goteo de demandas y peticiones de inconstitucionalidad al decreto de Javier Milei ha ido incrementándose.
«Estrategia de demolición»
Algunos de los denunciantes, como el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, aseguran que el presidente Javier Milei está intentando «sustituir la función legislativa del Congreso y violar la división de poderes».
(RPP)