La Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, busca reemplazar al cuestionado REINFO con un enfoque en la formalización y el respeto a las normas ambientales y sociales. Su implementación, sin embargo, enfrenta desafíos y expectativas.
El Ejecutivo ha presentado ante el Congreso la Ley MAPE, un proyecto que busca regular y formalizar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, promoviendo el cumplimiento de normas ambientales y laborales. Según Mayra Figueroa, directora general de formalización minera del Minem, esta norma permite a personas naturales o jurídicas operar legalmente sin necesidad de estar inscritas en el REINFO, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.
El proyecto establece un periodo de transición de seis meses para que las direcciones regionales procesen los expedientes pendientes. Posteriormente, contarán con 60 días hábiles para remitirlos al Ministerio de Energía y Minas, asegurando un proceso enmarcado en la legalidad vigente. Además, la ley enfatiza el uso de tecnologías limpias, prohíbe el trabajo infantil y forzoso, y refuerza el respeto a las normas de seguridad y salud.
Dario Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, destacó que el REINFO, en su forma actual, ha facilitado la infiltración de minería ilegal, evidenciando la necesidad de un cambio. Sin embargo, expertos como Paola Bustamante de Videnza Consultores aclaran que la Ley MAPE no está diseñada para combatir la minería ilegal, sino para regularizar a los pequeños mineros y establecer el rol del Estado en su apoyo.
El abogado César Ipenza explicó que la propuesta será evaluada por las comisiones del Congreso, incluidas la de Energía y Minas y la de Pueblos Andinos. Este proceso podría tomar hasta seis meses, según Miguel Inchaustegui, exministro del Minem, dejando en suspenso la continuidad del REINFO, cuyo plazo vence el 31 de diciembre.
La Ley MAPE representa una oportunidad para mejorar la formalización en la minería artesanal y de pequeña escala, pero su éxito dependerá del proceso legislativo y la implementación efectiva. Aunque promete avances en temas ambientales y sociales, no aborda directamente la minería ilegal, dejando abierta la pregunta: ¿Será esta ley suficiente para transformar el sector o será un esfuerzo más en el complejo debate minero peruano?