El Proyecto de Ley MAPE, presentado por el Ejecutivo, busca reemplazar el actual Reinfo, estableciendo nuevas normativas para la pequeña minería y minería artesanal, aunque enfrenta críticas por sus limitaciones en la fiscalización estatal.
El Gobierno ha presentado ante el Congreso la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE), que plantea la eliminación del Decreto Legislativo N.º 1351, dejando sin efecto la protección penal para los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, aunque la propuesta introduce mejoras, no resuelve los problemas de supervisión y falta de recursos del Estado para fiscalizar efectivamente la actividad minera.
Desde el 2001, la minería ilegal ha crecido exponencialmente en regiones como Madre de Dios y Puno, impulsada por el alza en los precios de los minerales. A pesar de esfuerzos previos, como la intervención militar de 2012, los costos logísticos hicieron insostenibles estas operaciones, permitiendo el retorno de los mineros ilegales.
La nueva ley también establece mecanismos como contratos de explotación entre concesionarios y pequeños mineros. Sin embargo, las cláusulas sobre incumplimientos ambientales podrían ser inasumibles para los mineros artesanales, generando tensiones sobre la equidad de estas disposiciones. Según Herrera, se debe priorizar una transición ordenada para los más de 80 mil inscritos en el Reinfo, diferenciando entre minería ilegal y pequeña minería.
Por su parte, Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló que los gobiernos regionales tendrán seis meses para concluir los procesos del Reinfo, destacando la urgencia de separar a los mineros ilegales que se han protegido bajo este registro. De los 64 mil registros suspendidos, solo el 23 % muestra interés en formalizarse, lo que evidencia la necesidad de acciones rápidas para identificar y sancionar a los incumplidos.
En cuanto al fortalecimiento de la supervisión, el abogado especialista César Ipenza destacó la importancia de transferir la gestión de expedientes al Ejecutivo, junto con la implementación de controles eficientes por parte de OEFA y Osinergmin. Además, Ipenza advirtió sobre el uso indebido del Reinfo para evitar sanciones penales, instando a excluir del registro a quienes no cumplan con los requisitos básicos.
La Ley MAPE representa un esfuerzo por reorganizar el sector minero en Perú, pero enfrenta grandes retos, desde garantizar la fiscalización efectiva hasta asegurar condiciones justas para los pequeños mineros. Para lograr una verdadera formalización, será crucial que el Estado fortalezca sus capacidades y coordine con las regiones, enfocándose en combatir la minería ilegal sin afectar a quienes buscan subsistir en la legalidad.