En una operación de gran escala, el INPE intervino el pabellón de máxima seguridad del penal de Cañete, incautando objetos prohibidos y desactivando conexiones eléctricas clandestinas, como parte de una estrategia nacional para frenar las extorsiones desde las cárceles.
Más de 60 agentes del GOES y del cuerpo de Seguridad participaron en la intervención, ejecutada por orden del presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, en coordinación con la política del presidente José Jerí. La operación se centró en el pabellón 2 de máxima seguridad, donde se revisaron minuciosamente las celdas, pertenencias e instalaciones de los internos, aplicando protocolos estrictos de seguridad.
Uno de los focos fue la desconexión de instalaciones eléctricas ilegales, usadas para alimentar equipos electrónicos con los que se realizarían extorsiones o coordinaciones ilícitas. Este tipo de acciones se enmarca en una estrategia nacional más amplia que, desde julio, ha permitido realizar más de 3200 requisas, con la incautación de 800 celulares y 1200 accesorios vinculados a comunicaciones ilegales.
Este último operativo se ejecutó también dentro del contexto del Estado de Emergencia vigente en Lima Metropolitana y Callao, como parte del reforzamiento del control institucional y el principio de autoridad frente a la criminalidad organizada.
Acciones como esta son claves para recuperar la seguridad ciudadana y limitar el alcance de organizaciones criminales que operan desde las cárceles. El reforzamiento del control penitenciario no solo protege a la población, sino que restablece el orden dentro de los centros de reclusión, cerrando espacios a la impunidad.
