Bolivia inició una nueva etapa económica tras la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar el subsidio a los combustibles, una política vigente por casi 20 años. La medida, adoptada en medio de una declaratoria de emergencia económica y social, busca aliviar el grave deterioro fiscal del país, pero ha generado incertidumbre, protestas latentes y fuertes cuestionamientos políticos, pese a recibir el respaldo de Estados Unidos.
El mandatario justificó la decisión con un diagnóstico severo de la situación nacional: reservas internacionales agotadas, falta de dólares, inflación en ascenso y un déficit fiscal gigantesco. Según Paz, el subsidio mantenía artificialmente los precios de la gasolina y el diésel en 0,53 dólares por litro, con un costo anual para el Estado cercano a los 2.000 millones de dólares, una carga que calificó de insostenible.
Con el retiro de la subvención, los precios subieron de inmediato: la gasolina especial pasó a 1 dólar, la premium a 1,58 y el diésel a 1,40 dólares por litro, al menos por los próximos seis meses, periodo en el que el Gobierno evaluará nuevos ajustes. El anuncio desató largas filas en los grifos, mientras sectores sociales y transportistas advertían posibles movilizaciones. De hecho, el transporte público ya incrementó sus tarifas, encareciendo el costo de vida, especialmente para los sectores más vulnerables.
Para amortiguar el impacto, el Ejecutivo anunció un aumento del 20% del salario mínimo, que ahora se ubica en 474 dólares mensuales, además de mantener congelado el precio del gas licuado y reforzar programas de apoyo a adultos mayores y estudiantes. Sin embargo, estas medidas no han logrado contener las críticas. El vicepresidente Edman Lara se distanció públicamente del decreto, advirtiendo que provocará más pobreza y desempleo, postura que fue respaldada tanto por sectores oficialistas como opositores.
El expresidente Evo Morales también rechazó la eliminación del subsidio, calificándola de improvisada y alertando que el alza de los combustibles tendrá un efecto dominó en los precios de toda la canasta familiar, una advertencia que ya comienza a reflejarse en los mercados y servicios.
En el plano internacional, la decisión recibió el visto bueno de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio respaldó especialmente el plan de repatriación de capitales impulsado por Paz y destacó la apertura del país a reformas promercado y a la inversión extranjera, incluida la explotación de las reservas de litio. Aunque el Gobierno boliviano descarta recurrir al FMI, ha dejado abierta la puerta a un respaldo financiero externo similar al otorgado recientemente a Argentina.
La eliminación del subsidio marca un punto de quiebre en la política económica boliviana. Si bien apunta a ordenar las finanzas públicas y recuperar la confianza internacional, el desafío inmediato será contener la conflictividad social y evitar que el ajuste profundice la desigualdad y la inestabilidad política en un país ya golpeado por una prolongada crisis.
