El congresista Jorge Marticorena Mendoza solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que evalúe posibles actos irregulares en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), vinculados al licenciamiento universitario y a la designación de funcionarios de confianza dentro de la entidad.
En su pedido, el parlamentario requirió que la Contraloría, a través de sus gerencias regionales de control, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría (SOA), verifique la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de recursos del Estado en la SUNEDU, ante una denuncia presentada por la Asociación de Universidades del Perú (ASUP).
Según los antecedentes, la ASUP sostiene que existiría una presunta red de corrupción que habría capturado áreas estratégicas de la SUNEDU para facilitar licenciamientos irregulares, con protección política desde el Ministerio de Educación. Estos hechos forman parte de una investigación en curso en la Contraloría, registrada en un expediente a cargo de la Subgerencia de Control de Universidades.
La controversia se intensificó con la designación acelerada de Vicente Paul Espinoza Santillán como representante del MINEDU ante el Consejo Directivo de la SUNEDU, pese a cuestionamientos legales. Documentación de la Contraloría indica que Espinoza habría tenido participación directa en procesos de licenciamiento observados, como los de la Universidad Politécnica del Perú y la Universidad Alas Peruanas (bajo nueva denominación), ambas vinculadas al mismo grupo promotor, lo que contravendría la Ley Universitaria, que prohíbe a una promotora administrar más de una universidad.
Además, se advierte que, cuando Espinoza dirigía la DIRESESU, área clave para licenciar, supervisar y sancionar universidades, se habrían emitido opiniones favorables a exoneraciones de multas y se habrían aprobado licenciamientos acelerados. Entre los casos citados figuran la Universidad Señor de Sipán, que habría obtenido licencias de filiales en Lima en plazos inusualmente breves, y la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), que recibió autorización para tres nuevas filiales y más de un centenar de nuevas carreras en 2025. A ello se suma la presencia del exministro Óscar Becerra en la estructura directiva de una universidad beneficiada, lo que agudiza los cuestionamientos.
El caso plantea consecuencias de alto impacto: pone en riesgo la calidad de la educación superior, erosiona la confianza pública y reabre el debate sobre la independencia y rol fiscalizador de la SUNEDU. La intervención de la Contraloría será clave para deslindar responsabilidades y restablecer la credibilidad institucional en un sector estratégico para el país.
