El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, encendió las alarmas tras calificar como una privatización indirecta el reciente Decreto de Urgencia Nº 010-2025, emitido por el Ejecutivo para reorganizar Petroperú. Según su análisis, esta medida podría representar el inicio del desmembramiento patrimonial de la petrolera estatal, especialmente con miras a transferir la refinería de Talara a manos privadas.
En declaraciones a RPP, Herrera Descalzi sostuvo que la propuesta del Gobierno “resuelve el problema de Petroperú acabando con Petroperú”, advirtiendo que la empresa está siendo “descuartizada”. A su parecer, el decreto “abre el camino” para que activos clave como la refinería de Talara sean ofrecidos a operadores privados, lo cual encajaría perfectamente dentro del concepto de privatización.
Esta posición contradice las recientes afirmaciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien negó cualquier intención privatizadora bajo el argumento de que Petroperú “no es atractivo para el capital privado”. No obstante, el exministro considera que esto no excluye una venta: “es una empresa con valor negativo, y si hay que pagar algo para que alguien se la lleve, se hará”, afirmó.
Herrera Descalzi también criticó la asignación de la gestión de Petroperú a Proinversión, señalando que dicha entidad tiene como función principal la privatización de activos estatales. En este contexto, sostuvo que si bien el término “privatización” se evita deliberadamente en el discurso oficial, los hechos indicarían lo contrario.
Respecto al futuro de la refinería de Talara, el exministro explicó que su valor depende de su capacidad de producción estable, la cual aún no alcanza los 95 mil barriles diarios proyectados. A pesar de ello, un operador privado podría considerar viable pagar hasta 3 mil millones de dólares, siempre que no asuma la deuda de 6.500 millones que arrastra Petroperú.
El exministro concluyó que el objetivo final del Estado parecería ser librarse del peso económico que significa sostener una empresa deficitaria y evitar futuras inyecciones de dinero público.
Este escenario abre un debate de fondo sobre la sostenibilidad de las empresas estatales, la transparencia en los procesos de reorganización y la estrategia energética nacional a largo plazo.
