El Ministerio de Educación tomó una medida firme en defensa de la seguridad escolar: durante 2025 separó a 690 docentes y trabajadores administrativos a nivel nacional por estar condenados o procesados por delitos graves, con el objetivo de proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en los centros educativos.
La decisión alcanzó a 592 docentes y 98 administrativos, de los cuales 627 laboraban en instituciones públicas y 63 en colegios privados. Desde el sector Educación se precisó que la acción responde a una política de tolerancia cero frente a conductas que pongan en riesgo a la comunidad educativa. El titular del sector, Jorge Figueroa, aseguró que el ministerio continuará actuando con firmeza para convertir las escuelas en espacios seguros.
En el detalle, el delito con mayor incidencia fue la violación de la libertad sexual, con 628 casos, seguido por terrorismo y apología del terrorismo (41). También se registraron separaciones por homicidio doloso, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a menores por medios tecnológicos, secuestro, tráfico ilícito de drogas y violación de la intimidad. Del total, 93 personas (69 docentes y 24 administrativos) fueron separadas de manera definitiva al contar con sentencia condenatoria, mientras que 597 permanecen separadas preventivamente durante sus procesos judiciales.
El Ministerio de Educación anunció que esta depuración del sistema educativo continuará de forma permanente en 2026, como parte de una estrategia institucional orientada a salvaguardar a los estudiantes y fortalecer la confianza de las familias en la escuela pública y privada.
