El sector construcción en el Perú alcanzó un hito poco común en la región: 22 años consecutivos sin huelgas, resultado de una negociación colectiva por rama sostenida entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP). Este modelo de diálogo directo permitió mejoras salariales por encima de la inflación, mayor capacitación laboral y estabilidad en una actividad clave para la economía nacional.
Durante la presentación del libro Diálogo con resultados, ambas instituciones explicaron que, desde 2003, los contratos y beneficios se acuerdan mediante conversación permanente, sin intervención del Estado. Gracias a ello, hoy un peón de construcción percibe ingresos 135 % superiores al sueldo mínimo, y los salarios del sector han crecido 50 % por encima de la inflación en las últimas dos décadas.
El presidente de CAPECO, Alejandro Garland, sostuvo que el desarrollo del país depende de mantener una construcción formal y sostenida. Advirtió que cuando la inversión se frena, avanzan la informalidad, las invasiones y el desorden urbano, generando costos sociales y fiscales que terminan asumiendo el Estado y la ciudadanía. En paralelo, destacó la apuesta por el capital humano, con cursos gratuitos financiados por las empresas que ya beneficiaron a más de 4,500 trabajadores.
Desde el lado sindical, el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva, subrayó que la confianza ha sido clave para sostener los acuerdos. Señaló que el diálogo debe ser un compromiso real, capaz de resolver conflictos sin paralizaciones y con beneficios concretos para los trabajadores.
Pese a los avances, el mayor desafío sigue siendo la informalidad: 8 de cada 10 trabajadores del sector —más de 1.3 millones de personas— laboran sin beneficios ni protección. El vicepresidente de CAPECO, Guido Valdivia, alertó que la informalidad y la violencia en las obras ya no son solo un problema económico, sino una amenaza a la estabilidad democrática, que exige políticas públicas sostenidas.
El reto es mayúsculo. El país registra un déficit de 1.9 millones de viviendas y necesita construir 200 mil casas formales por año para frenar el crecimiento desordenado de las ciudades. La experiencia del sector construcción muestra que el diálogo social sostenido puede ser una herramienta efectiva para avanzar hacia ese objetivo.
