La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, calificó como una “emergencia nacional” la situación de la inversión pública en el Perú, al advertir una crisis estructural en el financiamiento de obras que compromete la sostenibilidad fiscal del país. Si bien la economía cerraría el 2025 con un crecimiento de 3.4 % del PBI y reservas internacionales sólidas, el problema radica en la forma en que se vienen aprobando y ejecutando los proyectos públicos.
Uno de los principales focos de alerta es el alto número de obras inconclusas. Actualmente existen 12,575 proyectos ya iniciados que no cuentan con presupuesto asegurado para su culminación, generando una brecha financiera de S/ 21,000 millones. Según Miralles, esta situación es consecuencia de la ruptura de reglas presupuestales básicas en gestiones anteriores.
“Nunca se debió iniciar un proyecto sin tener el 100 % del presupuesto garantizado”, afirmó la ministra, cuestionando la práctica de aprobar obras con asignaciones simbólicas, para luego exigir recursos adicionales al Ejecutivo. Detalló que 9,740 de estos proyectos corresponden a gobiernos locales, lo que evidencia una atomización del gasto público orientada a atender presiones políticas inmediatas, en desmedro de sectores estratégicos como transporte, salud, saneamiento y educación.
Otro punto crítico es el desborde de los contratos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G). La cartera de estos proyectos pasó de una estimación inicial de S/ 41,000 millones a S/ 104,818 millones, cifra equivalente a casi el 9 % del PBI nacional. Un caso emblemático son los Colegios Bicentenario, cuyo costo por unidad se elevó de S/ 37 millones a S/ 84 millones, sin que en muchos casos se haya asegurado el financiamiento para su operación y mantenimiento, considerado por la ministra como el verdadero fin de una infraestructura pública.
Frente a las demandas de mayores desembolsos por parte de diversos sectores y sindicatos, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue enfática en la necesidad de respetar la Constitución y la responsabilidad fiscal. “Una ley puede reconocer derechos, pero no crea dinero. Si no se define previamente de dónde se financiará, no puede garantizarse su cumplimiento”, sostuvo.
Como salida a este escenario, el Gobierno plantea un nuevo modelo de inversión, basado en un shock de desburocratización y un mayor impulso a las Asociaciones Público-Privadas (APP). En ese marco, Miralles fue categórica al referirse a proyectos de gran envergadura como la Carretera Central, cuyo costo se estima entre S/ 24,000 y S/ 30,000 millones, señalando que resulta inviable ejecutarla únicamente como obra pública.
“No existe en la historia del país un proyecto de esa magnitud financiado solo con obra pública. Decir lo contrario es engañar”, afirmó, defendiendo que las APP permiten asegurar servicios de calidad durante toda la vida útil de la infraestructura.
Finalmente, la ministra anunció que en las próximas semanas se presentarán medidas urgentes para atender los proyectos en continuidad y profesionalizar el seguimiento de las inversiones, con el objetivo de elevar la competitividad, generar empleo directo y permitir que el país alcance tasas de crecimiento superiores al 5 % o 6 % en el mediano plazo.
