Una investigación periodística puso en el centro del debate una serie de contrataciones en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al detectarse vínculos políticos entre los beneficiados y la dirigencia del partido oficialista Somos Perú. El reportaje señala que estas designaciones se habrían producido tras la llegada de José Jerí a la Presidencia de la República en octubre de 2025.
Según el programa Cuarto Poder, en el MIMP se habrían otorgado casi una docena de órdenes de servicio a personas afiliadas a Somos Perú, varias de ellas sin experiencia previa en el Estado ni trayectoria académica registrada. El informe sostiene que todos los casos tendrían un nexo común: su cercanía con Patricia Li, presidenta del partido, y la designación de Sandra Gutiérrez Cuba, también militante de la agrupación, como titular del MIMP.
Uno de los casos expuestos es el de Jean Paul Sosa, de 25 años, quien el 15 de diciembre de 2025 obtuvo una orden de servicio por S/ 2 500 como auxiliar administrativo. De acuerdo con el reportaje, al momento de la contratación no contaba con Registro Nacional de Proveedores (RNP) ni con títulos académicos inscritos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, requisitos que regularizó días después.
Una situación similar se presenta con Carlos Huamán Zamudio, también afiliado al partido y promovido públicamente por Li en redes sociales. Huamán recibió el 21 de noviembre de 2025 una orden de servicio por S/ 8 000 para labores de sistematización y análisis de información, luego de actualizar su RNP un día antes, tras mantenerlo inactivo desde 2015.
El dominical también mencionó el caso de Laris Mediana Rabanal, de 24 años, quien accedió a una orden de servicio el 12 de diciembre de 2025 como auxiliar administrativa, pese a no registrar experiencia previa en el Estado, RUC activo ni grado académico en la Sunedu al momento de su contratación.
Otro de los señalados es Luis Antonio Calderón, quien pasó de un contrato de S/ 2 800 en el Gobierno Regional de Ica en 2022 a dos órdenes de servicio en el MIMP, una por S/ 18 000 y otra por S/ 4 000. Calderón argumentó que inicialmente fue convocado para un proyecto que no se concretó y que posteriormente fue contratado para labores de comunicación.
Para la analista política Mabel Huertas, si bien la contratación de militantes no es ilegal en sí misma, el problema surge cuando no se respeta la meritocracia. “La pregunta clave es si estas personas están preparadas para ocupar esos cargos. Cuando prima el favor político o el clientelismo, el Estado termina convirtiéndose en una bolsa de trabajo para quienes rodean al poder”, advirtió.
El caso ha reabierto el debate sobre la transparencia en las contrataciones públicas, el respeto a la idoneidad profesional y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, especialmente en sectores sensibles como el de Mujer y Poblaciones Vulnerables.
