Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, firmó el Decreto N.º 5248 que dispone la supresión y liquidación de siete entes públicos, muchos de ellos creados durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, como parte de una reorganización administrativa del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y sus dependencias. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial venezolana y buscaría adaptar la estructura estatal a “nuevas directrices y políticas de orden social”.
El decreto ordena el cierre y liquidación de organizaciones que durante décadas funcionaron como misiones sociales, fundaciones y unidades de coordinación del gobierno chavista, entre ellas:
- Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz
- Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”
- Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE)
- Fundación Propatria 2000
- Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa
- Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA)
- Fundación José Félix Ribas (FUNDARIBAS)
La reorganización forma parte de un proceso iniciado tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, hecho que ha marcado cambios significativos en la administración venezolana y una mayor cooperación con la administración de Estados Unidos, según reportes periodísticos.
El decreto establece que la supresión y liquidación durará 90 días y será supervisada por una junta liquidadora designada por el gobierno, encargada de revisar activos, pasivos y procedimientos administrativos para cerrar las entidades. Algunas funciones de los entes serán reasignadas a otras carteras ministeriales o empresas estatales, como fue el caso de la Misión Nueva Frontera de Paz, cuyas actividades se transferirán al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Reacciones y contexto político
La medida ha generado reacciones en sectores de la oposición, incluyendo al partido Primero Justicia, que calificó la decisión como un “desmantelamiento del chavismo desde dentro” y exigió transparencia sobre el destino de los activos y recursos de las misiones eliminadas.
El cierre de estos entes se interpreta como un cambio estructural profundo en las políticas públicas venezolanas, en momentos de transición institucional tras años de control del chavismo, y plantea interrogantes sobre la dirección futura de la administración pública y la gestión de programas sociales en el país.
