En su primera entrevista exclusiva tras asumir la Presidencia, José María Balcázar Zelada abordó la compleja situación de Petroperú, señalando que el tema será evaluado con criterio técnico y mediante consensos políticos. El mandatario reconoció que, debido a lo reciente de su designación, aún no maneja todos los detalles, pero aseguró que convocará a asesores del Ejecutivo y del Legislativo para buscar una salida integral.
“El caso Petroperú es un problema técnico que debemos tratar con especialistas, políticos y abogados para encontrar una solución”, sostuvo en declaraciones a RPP. Adelantó que su primera acción será reunirse con líderes políticos, considerando que la decisión sobre la empresa estatal impactará tanto en el actual gobierno de transición como en la próxima administración.
La preocupación no es menor. Petroperú atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. A fines de 2025, el Ejecutivo emitió el Decreto de Urgencia 010-2025, que ordena su reorganización patrimonial para evitar la quiebra. La norma permite dividir activos en “bloques autónomos”, entre ellos la Nueva Refinería de Talara, con el objetivo de facilitar el ingreso de inversión privada bajo la supervisión de Proinversión.
Aunque la empresa logró reducir sus pérdidas en 2025 a US$ 468.3 millones frente a más de US$ 773 millones en 2024, su situación financiera sigue en rojo. Mantiene deudas superiores a US$ 2,569 millones y un capital de trabajo negativo de US$ 1,558 millones, lo que evidencia que sus obligaciones de corto plazo superan sus recursos disponibles. En este contexto, la agencia Moody’s rebajó su calificación crediticia de B3 a Caa1, encareciendo el acceso a financiamiento.
Como parte del proceso de ajuste, se aprobó una nueva estructura organizativa que contempla la reducción de 954 puestos de trabajo, mediante eliminación de plazas vacantes, no renovación de contratos temporales y simplificación de la alta dirección, que pasará de 28 a 19 gerencias.
La definición sobre Petroperú será uno de los primeros desafíos económicos del gobierno encargado. Más allá del debate político, el reto será garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa sin comprometer el abastecimiento de combustible ni la estabilidad laboral, en un escenario donde cada decisión tendrá repercusiones fiscales y sociales de largo alcance.
