El Pleno del Congreso de la República aprobó una ley que modifica el Decreto Legislativo 1057, norma que regula el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público. La iniciativa busca ampliar los derechos laborales de los trabajadores CAS, incorporando beneficios que hasta ahora no estaban contemplados dentro de este sistema de contratación estatal.
Entre los cambios más relevantes se establece que los servidores bajo el régimen CAS tendrán derecho a gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, cada una equivalente a una remuneración mensual. Además, la norma incorpora el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), calculada sobre el 100 % de la remuneración mensual por cada año trabajado, beneficio que será entregado al culminar la relación laboral con la entidad pública.
La modificación también redefine los tipos de contratos CAS que podrán aplicarse en el Estado. Se contemplan contratos a plazo indeterminado, destinados a cubrir actividades permanentes mediante concurso público de méritos; contratos a plazo determinado, para suplencias o necesidades temporales; y contratos supeditados a la confianza, aplicables a funciones vinculadas directamente con funcionarios o directivos.
En el caso de los contratos temporales, la norma establece que su duración no podrá exceder el año fiscal correspondiente, aunque podrán renovarse mientras exista la necesidad del servicio y disponibilidad presupuestaria. Sin embargo, se fija un límite máximo de cinco años de prórrogas.
Respecto al financiamiento de los nuevos beneficios, la ley autoriza a las entidades públicas del Gobierno nacional, regional y local a realizar modificaciones presupuestarias internas, previa opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El texto aprobado indica que estos cambios deberán financiarse con los recursos ya asignados en los presupuestos institucionales, sin generar nuevas demandas al Tesoro Público.
No obstante, estimaciones del MEF advierten que la aplicación de gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS podría implicar un costo anual superior a los 2,800 millones de soles para el Estado. Este impacto fiscal ha generado críticas desde el Consejo Fiscal y desde el propio Ministerio de Economía, que recuerdan que el Congreso no puede aprobar normas que generen incremento del gasto público, según el artículo 79 de la Constitución.
Pese a estas observaciones, la iniciativa legislativa fue aprobada por el Parlamento. La primera ministra, Denisse Miralles, indicó que el Ejecutivo evaluará el tema con los congresistas debido a sus implicancias fiscales.
Finalmente, la norma precisa que los contratos CAS que se volvieron indeterminados tras la aprobación de la Ley 31131 mantendrán dicha condición. La medida busca reducir las brechas laborales dentro del Estado y mejorar las condiciones de miles de trabajadores que actualmente laboran bajo este régimen.
La ley aún deberá ser promulgada u observada por el presidente de la República, José María Balcázar, quien tendrá la decisión final sobre su entrada en vigencia.
