A pocos meses de las elecciones generales de 2026, el Perú enfrenta una preocupante contradicción: mientras la participación electoral se mantiene alta, la confianza ciudadana en el sistema político sigue en niveles mínimos. El próximo 12 de abril, millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir presidente, Congreso y Parlamento Andino, en un proceso considerado uno de los más complejos de la historia reciente.
Pese a que el voto obligatorio garantiza una participación superior al 70 %, estudios recientes revelan que apenas un 17 % de la población confía en las elecciones, reflejando un deterioro sostenido en la última década. Especialistas como Fernando Tuesta señalan que esta desconfianza responde a una experiencia acumulada de promesas incumplidas y bajo desempeño político. A ello se suma la fragmentación partidaria, con más de 30 candidaturas en competencia, lo que dificulta la toma de decisiones del electorado y debilita la representación. Analistas coinciden en que el país enfrenta una crisis de intermediación política, donde los ciudadanos participan, pero no se sienten realmente representados por sus autoridades.
El problema se agrava por la falta de reformas estructurales. Aunque en 2019 se planteó una reforma política integral, esta no se concretó, dejando pendientes cambios clave en el sistema electoral y los partidos. En este contexto, la mejora del sistema dependerá en gran medida de un voto informado y de la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas a sus autoridades.
Este escenario evidencia una paradoja persistente: el Perú mantiene elecciones y participación activa, pero arrastra una profunda desconfianza institucional. Recuperar la credibilidad del sistema político será fundamental no solo para la estabilidad democrática, sino también para garantizar una gobernabilidad efectiva en los próximos años.
