El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, informó que la reciente solicitud presentada en favor del expresidente Pedro Castillo corresponde a un pedido de gracia presidencial y no a una solicitud de indulto. El expediente ya se encuentra en evaluación conforme al procedimiento establecido por la normativa vigente.
El titular del sector precisó que el documento fue ingresado el 25 de junio y actualmente es analizado por los especialistas de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de emitir la evaluación técnica correspondiente antes de que se adopte una decisión.
Jiménez Borra explicó que el trámite sigue su curso regular y señaló que el Ministerio de Justicia emitirá una respuesta una vez concluido el análisis del expediente.
El pronunciamiento surge luego de que el abogado Tomás Soldevilla Guerra presentara una solicitud a favor del exmandatario, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 7 de diciembre de 2022, tras los hechos relacionados con el intento de golpe de Estado.
De acuerdo con la documentación presentada, el pedido fue dirigido al presidente de la República y a la Comisión de Gracias Presidenciales, invocando las atribuciones establecidas en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que faculta al jefe de Estado a conceder indultos, conmutar penas y ejercer el derecho de gracia en determinados supuestos previstos por la legislación.
En el escrito se solicita que se evalúe el otorgamiento del derecho de gracia presidencial a favor de Pedro Castillo, sustentando el pedido en argumentos de carácter constitucional, convencional, jurisprudencial y doctrinario.
El Ministerio de Justicia recordó que la evaluación de este tipo de solicitudes corresponde exclusivamente a la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyos especialistas revisan cada expediente conforme a los requisitos y procedimientos establecidos por ley.
La diferencia entre una gracia presidencial y un indulto radica en su naturaleza jurídica. Mientras el indulto extingue o reduce el cumplimiento de una condena penal, el derecho de gracia puede aplicarse, bajo determinadas condiciones previstas en la Constitución, a personas sometidas a un proceso judicial cuya etapa de instrucción haya excedido los plazos establecidos.
El resultado de la evaluación será comunicado una vez que concluya el procedimiento técnico y administrativo correspondiente, conforme a las competencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El caso continúa generando atención en el ámbito político y jurídico, debido a la relevancia institucional que implica cualquier decisión relacionada con un exjefe de Estado procesado por hechos de especial trascendencia para el país.
