El Gobierno descartó, por el momento, entregar la administración de Petroperú a operadores privados y aseguró que la prioridad será mejorar la eficiencia de la empresa estatal y conseguir que sus distintas líneas de negocio sean autosostenibles. Sin embargo, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, dejó abierta la posibilidad de evaluar esquemas como una gerencia privada si determinadas unidades no logran alcanzar rentabilidad.
El titular del Ministerio de Energía y Minas explicó que el objetivo inmediato es fortalecer la gestión interna de Petroperú antes de considerar alternativas externas. Entre las unidades que estarán bajo evaluación se encuentra la Refinería de Talara, una de las principales inversiones realizadas por la compañía en los últimos años.
Shinno precisó que una administración privada no forma parte actualmente de los planes del Ejecutivo, aunque reconoció que podría analizarse más adelante en aquellas áreas que no consigan operar de manera rentable.
La estrategia gubernamental apunta a revisar individualmente cada una de las actividades de la empresa para determinar cuáles generan ingresos suficientes y cuáles requieren modificaciones en su modelo de gestión.
El proceso continuará bajo los lineamientos establecidos en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, que contempla la reestructuración de Petroperú y la búsqueda de una operación financieramente sostenible.
Como parte de este proceso, ProInversión identificó diez líneas de negocio que deberán acreditar su viabilidad económica. La evaluación será determinante para definir la futura estructura de la petrolera estatal.
Según el ministro, la meta es convertir a Petroperú en una compañía más ágil, eficiente y con una estructura operativa menos pesada, capaz de generar los recursos necesarios para cubrir sus obligaciones, financiar sus actividades y mantener presencia competitiva en el mercado de hidrocarburos.
Uno de los principales desafíos continúa siendo la situación financiera de la empresa y su elevado nivel de endeudamiento.
Pese a que hace más de dos meses se aprobó legalmente un esquema de respaldo de hasta US$2.000 millones, Petroperú todavía no ha recibido desembolsos correspondientes a esos recursos.
Shinno explicó que las condiciones planteadas inicialmente no lograron atraer suficientemente al mercado financiero, motivo por el cual se diseñó una nueva estructura denominada Petroperú Invest, acompañada por un fideicomiso.
Este mecanismo busca ordenar los flujos económicos de la compañía y garantizar que parte de sus ingresos sea destinada tanto a sostener sus operaciones como al cumplimiento progresivo de sus obligaciones financieras.
Los recursos permitirían financiar actividades esenciales, entre ellas la compra de petróleo crudo, mientras que otra parte estaría reservada para atender la deuda acumulada de la empresa.
El primer paso del nuevo esquema consiste en obtener un crédito puente de aproximadamente US$500 millones. Posteriormente, se buscaría conseguir los US$1.500 millones restantes hasta completar el monto previsto.
Mientras se concreta ese financiamiento, Petroperú ha encontrado un alivio temporal en el incremento de los precios internacionales de los combustibles.
De acuerdo con Shinno, este escenario ha permitido mejorar parcialmente los resultados de la empresa durante el año y atender algunas obligaciones pendientes con proveedores.
Los retrasos en los pagos habían llevado anteriormente a determinados proveedores a restringir el abastecimiento de crudo y otros servicios indispensables para mantener la operación de la petrolera.
El ministro aclaró, sin embargo, que esta mejora es temporal y no significa que los problemas estructurales de Petroperú hayan sido solucionados. El incremento internacional de los precios únicamente habría reducido parcialmente la presión financiera que enfrenta la compañía.
El futuro de Petroperú dependerá ahora de la capacidad del proceso de reestructuración para demostrar que sus distintas unidades pueden generar resultados sostenibles. Si alguna de ellas no logra hacerlo, el Ejecutivo podría evaluar mecanismos alternativos de gestión, incluida la participación privada, con el objetivo de reducir la presión sobre las finanzas públicas.
