El Congreso aprobó inhabilitar por cinco años para el ejercicio de la función pública al expresidente de la República, Martín Vizcarra, por una infracción constitucional que cometió el exmandatario al artículo 126 de la carta magna.
La medida se aprobó con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones. De esta manera, se avaló el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso anterior, a raíz de la acusación que fue presentada por la exparlamentaria Yeni Vilcatoma.
Martín Vizcarra es acusado por haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. En ese entonces, según el informe, no renunció a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S. A. C cuando cumplía sus funciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El documento de la subcomisión señala que el expresidente habría favorecido los intereses económicos de la empresa Obrainsa con la adjudicación de obras públicas mientras desempeñaba el referido cargo bajo el gobierno de Kuczysnski.
Esta es la segunda vez que Vizcarra Cornejo es inhabilitado de la función pública, pues el pleno del Congreso lo ha inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por otros 10 años, por el caso de la vacunación irregular a funcionarios públicos con dosis de Sinopharm. El exmandatario también se había inoculado en secreto junto a sus familiares.
El exjefe de Estado acudió a Congreso junto a su abogado, Jonathan Correa Arias, para defenderse ante las acusaciones a su gestión como titular del MTC, pero no le alcanzó para impedir que aprobaran la medida.
TC declaró improcedente recurso de Vizcarra para dejar sin efecto su vacancia
La Sala Primera del Tribunal Constitucional declaró en abril pasado improcedente una demanda de hábeas corpus presentada en favor del expresidente Martín Vizcarra para dejar sin efecto la resolución del Congreso donde se dispuso su vacancia en el cargo por permanente incapacidad moral.
Este recurso fue presentado por Edilberto Azabache Castro, abogado del exmandatario, y estaba dirigido contra el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, así como el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal y la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa por haber desestimado esta acción de habeas corpus en primera y segunda instancia, respectivamente.