La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado peruano investigar, identificar y sancionar a los responsables de ataques, violencia, amenazas y hostigamiento en el contexto de protestas de grupos sociales, entre ellos los perpetrados contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En las observaciones preliminares y recomendaciones presentadas por el relator especial Pedro Vaca Villarreal, luego de su reciente visita al país, se refiere que en las Elecciones Generales 2021 se propalaron mensajes buscando amedrentar a personas específicas, además de que se difundió información personal confidencial y sin consentimiento de los afectados.
Advierte, además, que se registraron campañas de desinformación que contribuyeron a la instalación de dudas sobre la transparencia de los comicios y los resultados de la elección.
En tal contexto, recuerda el informe, la CIDH otorgó una medida cautelar al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el Perú, así como pidió la adopción de medidas necesarias para que pueda seguir desempeñando sus labores sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia en el ejercicio de estas.
“Como señaló en su momento la oficina de observación electoral de la OEA, las denuncias presentadas por el JNE son inéditos en la historia de las misiones de observación electoral, lo que da cuenta de la gravedad de lo sucedido”, refiere el documento.
De su observación sobre el estado de la libertad de expresión en el Perú, advierte también un grave deterioro del debate público, serias limitaciones al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física.
“La Relatoría ha advertido un escenario político y social polarizado, en donde persisten normas y prácticas que impactan negativamente en el goce efectivo del derecho a la libertad de expresión”, indica.
En el documento, presentado en Washington, sede de la CIDH, se formulan 15 recomendaciones preliminares al Estado, dirigidas a la adecuación del ordenamiento jurídico peruano y de las prácticas y políticas nacionales a las normas y estándares internacionales e interamericanos en materia de libertad de expresión.