La suscripción del Convenio Marco Interinstitucional entre el Poder Judicial y la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia (UNIA) permitirá romper las barreras lingüísticas que impiden que los pueblos originarios del país puedan acceder al sistema de justicia.
Así lo remarcaron desde la región Ucayali la magistrada Sara Gaspar Pacheco y el juez superior Jonathan Basagoitia Cárdenas, coordinador de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia, durante el seminario donde fue presentado el referido instrumento jurídico.
Gaspar Pacheco, quien es jueza integrante de la Comisión de Acceso a la Justicia, señaló que el Poder Judicial tiene experiencias interesantes sobre inclusión de las comunidades indígenas, pero que estas son mínimas, por lo que un convenio como el suscrito con la UNIA resulta necesario.
Los referidos avances son tangibles en la implementación del sistema de intérpretes para procesos penales que involucra a indígenas, así como la realización de pericias antropológicas en delitos sexuales a fin de determinar procedencia, costumbres, entre otros aspectos.
Al respecto, Basagoitia Cárdenas consideró, sin embargo, que hay aún temas pendientes como desarrollar una norma para la coordinación entre la jurisdicción especial y la justicia ordinaria (Artículo 149 de la Constitución), entre ellos la determinación de materias a ventilarse, así como establecer las facultades de los jueces de paz en las comunidades.
En tal sentido, consideró, que casos de materia familiar como los de pensión de alimentos, tenencia, divorcios, entre otros, puedan atenderse en las mismas comunidades (por la jurisdicción especial) y no haya necesidad de traslado hacia las ciudades.
CIFRAS DE UCAYALI
Según datos oficiales, la Región Ucayali alberga a veinte pueblos indígenas u originarios: amahuaca, ashaninka, asheninka, awajún, cashinahua, chitonahua, iskonawa, kakataibo, kichwa, kukama kukamiria, madija, marinahua, mashco piro, mastanahua, matsigenka, nahua, sharanahua, shipibo-konibo, yaminahua y yine.
Asimismo, en todo el departamento se hablan 16 lenguas originarias y la población que vive en ese ámbito es de 590 mil 094 personas, (11,9%5 del total de habitantes de Ucayali).
En la actualidad, de acuerdo con cifras del INEI, la población de lengua materna indígena asciende a 13,4%, repartidas en 456 localidades, las cuales ocupan el 27,3% del territorio ucayalino.
En su exposición, Basagoitia Cárdenas señaló que el reconocimiento de los derechos indígenas ha sido posible gracias a grandes y continuos procesos de lucha, jornadas que no han sido pacíficas como el llamado “baguazo” (junio 2009), donde murieron indígenas awajun y wampis.
Estos procesos, agregó, han llevado al reconocimiento de derechos colectivos, avalados por normativas nacionales e internacionales, como a la tierra y al territorio, la identidad cultural, al uso de los recursos naturales, la participación, así como a una salud y educación intercultural.
También los derechos a la consulta previa (libre e informada), a la justicia y jurisdicción especial y a la protección de los conocimientos colectivos y tradicionales.
No obstante, subrayó que, en la práctica, existen grandes brechas en la atención de los pueblos indígenas, siendo un problema principal la vulneración al derecho a la tierra y al territorio como principal elemento para seguir existiendo.
Así, subrayó que el problema principal no es la ausencia del reconocimiento estatal y del título de propiedad en sí, sino las consecuencias que eso genera con el despojo de territorios donde, muchas veces, el Estado facilita a grupos económicos y de poder insertar actividades de monocultivos.
De forma adicional, agregó, los últimos años se ha incrementado la tala y minería ilegal y el narcotráfico, lo cual ha generado el desplazamiento indígena “de sus territorios ancestrales, la contaminación de sus ríos y bosques, la propagación de enfermedades, muerte y destrucción”.