Acusan a vocero de Dina Boluarte de uso indebido de vehículo presidencial

Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial, ha sido señalado por emplear un auto exclusivo de la Presidencia para su traslado personal, según un reportaje difundido por el programa Punto final. Este uso contravendría normas internas que regulan el manejo de vehículos oficiales.

Un informe del dominical Punto final reveló que Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial de Dina Boluarte, habría utilizado de manera reiterada un vehículo oficial asignado a la Presidencia para movilizarse desde su domicilio hacia Palacio de Gobierno. El reportaje identificó fechas específicas en las que se habría realizado este uso, como el 11 y 16 de octubre, y varios días de noviembre.

Esta práctica contraviene la directiva N°008-2017, que limita el uso de vehículos del despacho presidencial a funciones específicas, como comisiones oficiales, traslado de documentación o bienes materiales. Según el programa, una fuente dentro del Ejecutivo alertó sobre este presunto uso irregular de los recursos estatales.

Aunque se intentó concertar una entrevista con Hinojosa, no se obtuvo respuesta. Por su parte, el Área de Prensa de Palacio justificó el uso del vehículo bajo la Ley de Presupuesto Público 2024, artículo 10.5, que asigna movilidad oficial a altos funcionarios en actividad, como supuestamente corresponde al jefe del gabinete técnico.

Sin embargo, esta explicación ha sido duramente criticada por figuras políticas como José Elice, exsecretario de Palacio, y Víctor Andrés García Belaunde, exparlamentario, quienes sostienen que Hinojosa no califica como funcionario de carrera ni como parte de la estructura burocrática del Estado. García Belaunde destacó que “no tendría por qué tener ese tipo de atribuciones”, mientras que Elice aseguró que el uso de estos vehículos “de ninguna manera” es permanente para un secretario de Palacio.

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El caso refleja una controversia sobre el uso de recursos públicos y la interpretación de normas administrativas, generando debate sobre la transparencia en la gestión del Estado. Para evitar cuestionamientos similares en el futuro, se recomienda fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar que los recursos oficiales sean empleados exclusivamente para fines establecidos por la ley.