Los alquileres de inmuebles a través de plataformas digitales como Airbnb se han convertido en una nueva fuente de conflictos legales en Lima, balnearios y zonas turísticas del país. Lo que comenzó como una alternativa flexible de hospedaje hoy enfrenta vacíos normativos, disputas entre vecinos y problemas de responsabilidad civil que cada vez con mayor frecuencia terminan en procesos judiciales.
Así lo advierte el abogado y doctor en Derecho Pedro Martínez Letona, especialista en Derecho Civil y Comercial y exjuez especializado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Según explica, uno de los conflictos más recurrentes se presenta en los condominios, donde surge la controversia sobre si prima la libertad del propietario para alquilar su inmueble o si debe prevalecer el reglamento interno del edificio.
El especialista señala que cada vez más juntas de propietarios están imponiendo restricciones al alquiler temporal, lo que deriva en multas, sanciones administrativas y demandas judiciales. A ello se suma un riesgo adicional: casos en los que quien ofrece el inmueble en la plataforma no es el verdadero propietario, situación que expone tanto a huéspedes como a dueños reales a eventuales responsabilidades legales y reclamos civiles.
Otro foco de tensión está relacionado con fiestas, daños a las áreas comunes y disturbios vecinales. En estos escenarios, la discusión legal gira en torno a quién debe asumir la responsabilidad: el anfitrión, el inquilino temporal o la plataforma digital. Martínez Letona advierte que, frente a daños materiales o perjuicios a terceros, la responsabilidad civil puede recaer directamente en el propietario, incluso si no participó ni autorizó determinadas conductas dentro del inmueble.
Además, se registra un aumento de estafas y accidentes vinculados a alquileres gestionados por aplicaciones digitales, que van desde reservas falsas hasta lesiones ocurridas dentro de la propiedad. Ante este panorama, el jurista recomienda verificar la titularidad del inmueble, revisar cuidadosamente las cláusulas de responsabilidad, y exigir información clara sobre seguros y coberturas antes de concretar una reserva.
“El alquiler digital llegó para quedarse, pero sin una adecuada prevención legal, puede convertirse en un serio problema económico y judicial”, sostiene Martínez Letona. En ese sentido, subraya la necesidad de mayor información y regulación, tanto para proteger a los usuarios como a los propietarios, en un mercado que crece más rápido que su marco normativo.
