La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) ha expresado su indignación tras quedar excluida del proceso de reglamentación de la Ley N.º 32159, que regula la venta de productos de tabaco, nicotina y sucedáneos. Aunque la norma reconoce el derecho de participación de la sociedad civil, el Ministerio de Salud (Minsa) aún no convoca al gremio, que representa a más de medio millón de bodegueros formales a nivel nacional.
La ley, promulgada hace más de ocho meses por el Congreso, establece un marco diferenciado para productos como cigarrillos y vapeadores, y actualmente se encuentra en etapa de reglamentación bajo responsabilidad del Minsa. Según la Resolución Ministerial N.º 307-2025-MINSA y el artículo 17.1 de la misma ley, las asociaciones civiles deben ser parte activa en este proceso como parte del control ciudadano. No obstante, pese a múltiples solicitudes formales, la ABP no ha sido incluida.
Andrés Choy, presidente del gremio, denunció que este acto vulnera sus derechos: “Representamos a más de 500 mil bodegueros que cumplen la ley. Pedimos ser escuchados y aportar con nuestra experiencia. El Estado debe respetar el derecho que nos otorga la misma norma”. Además, cuestionó a ciertos sectores de la sociedad civil, que con financiamiento internacional poco transparente, estarían intentando bloquear su participación alegando supuestos intereses externos.
La regulación diferenciada que también ha sido adoptada en países como Chile busca establecer criterios claros en publicidad, empaques y consumo según el tipo de producto. La ABP advierte que ignorar este enfoque puede fomentar el mercado negro, como ocurre en México, donde las restricciones extremas han dado paso al comercio ilegal incluso vinculado con redes delictivas peligrosas.
Desde la ABP sostienen que construir un reglamento justo, técnico y participativo no solo es un mandato legal, sino una oportunidad histórica para garantizar una regulación que promueva la equidad y el cumplimiento dentro del comercio formal.
