La solicitud de pensión vitalicia presentada por la expresidenta Dina Boluarte fue declarada improcedente por el Congreso de la República. El presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, afirmó que esta decisión no tiene tintes políticos, sino que responde estrictamente a criterios legales establecidos por el área de asesoría del Parlamento.
La controversia surgió tras conocerse que Boluarte solicitó el beneficio de pensión, reservado para exmandatarios. Rospigliosi fue enfático al señalar que su respaldo a la decisión no obedece a una postura personal, sino a una evaluación técnica conforme al marco normativo vigente. “No ha sido una decisión política”, subrayó, aclarando que el Congreso actuó según las normas legales.
En otro momento, Rospigliosi hizo un balance del actual Parlamento, resaltando la reforma que restablece la bicameralidad, medida que entrará en vigencia el próximo año y que busca mejorar el funcionamiento legislativo y recuperar la credibilidad institucional. También destacó la aprobación de leyes para transparentar los aportes a los partidos políticos, con el fin de impedir que dinero de actividades ilegales, como la minería informal o el narcotráfico, contamine las campañas electorales.
Con estos anuncios, el Congreso busca mostrar señales de institucionalidad en medio de cuestionamientos y críticas. El caso de Boluarte marca un precedente que podría influir en futuras solicitudes de beneficios estatales por parte de exautoridades, y refuerza el mensaje de que las decisiones legislativas deben mantenerse dentro del marco legal, dejando de lado intereses personales o partidarios.
