El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, informó que el Gobierno analizará en el Consejo de Ministros la eventual entrega de un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada desde hace ocho meses en la Embajada de México en Lima.
El canciller señaló que la posición del Ejecutivo estará basada en el respeto al Estado de derecho, las normas nacionales y los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Indicó que, independientemente de las responsabilidades judiciales de cada persona, las autoridades deben actuar conforme al marco legal vigente.
Espá destacó que la diplomacia peruana mantiene una tradición de cumplimiento de los principios y tratados internacionales. En ese sentido, mencionó la Convención de Caracas de 1954, instrumento que regula aspectos vinculados al asilo diplomático y la concesión de salvoconductos.
El titular de Relaciones Exteriores adelantó que la situación será discutida próximamente por el gabinete ministerial y aseguró que la decisión oficial será comunicada una vez concluida la evaluación correspondiente.
Días antes, el entonces canciller Carlos Pareja había señalado que el Gobierno saliente buscó cumplir con las obligaciones internacionales del país, aunque evitó anticipar cuál sería la posición definitiva de la nueva administración respecto al pedido relacionado con Chávez.
La exjefa del Consejo de Ministros fue condenada el 4 de diciembre de 2025 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, vinculado al fallido intento de ruptura del orden constitucional ocurrido en diciembre de 2022.
Antes de conocerse la sentencia, Chávez ingresó a la sede diplomática mexicana y solicitó asilo. Posteriormente, las autoridades judiciales ordenaron su ubicación y captura tanto en el ámbito nacional como internacional.
La decisión que adopte el Ejecutivo tendrá relevancia en las relaciones diplomáticas entre Perú y México, pero también deberá conciliar el respeto a los tratados internacionales con las resoluciones emitidas por el sistema de justicia peruano.
