El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició su gestión con la implementación del plan de seguridad “Escudo Fronterizo”, una estrategia destinada a controlar el ingreso de migrantes ilegales mediante la construcción de barreras físicas en la frontera norte del país. La medida ya comenzó a ejecutarse en la región de Arica, donde se realizan trabajos de excavación para levantar zanjas y muros en una extensa zona limítrofe.
El mandatario supervisó personalmente las obras en la base militar de Solo de Zaldívar, en la playa Las Machas, donde se proyecta intervenir más de 520 kilómetros de frontera, desde Chacalluta hasta Colchane. El plan contempla la construcción de zanjas de varios metros de profundidad y muros de hasta cinco metros de altura, acompañados de sistemas tecnológicos y control militar.
Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación en el ámbito regional. El excanciller peruano Javier González-Olaechea advirtió que, si bien Chile es soberano para definir su política migratoria, estas medidas podrían tener efectos en el flujo migratorio hacia el Perú, especialmente si no se gestionan adecuadamente los canales de coordinación bilateral.
Entre los principales riesgos señalados está la posibilidad de generar “cuellos de botella” en los pasos fronterizos autorizados, ya que las personas que no puedan cruzar por zonas no habilitadas se verían obligadas a concentrarse en los puntos de control oficiales, incrementando la presión en estos espacios.
Asimismo, el exfuncionario advirtió que la construcción de muros fronterizos históricamente ha generado cuestionamientos, tanto por su efectividad como por sus posibles impactos en los derechos humanos y en la dinámica migratoria. También planteó que podrían surgir dificultades en procesos de deportación, especialmente si los países vecinos no aceptan el retorno de ciudadanos que no cumplan con los requisitos legales.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad, González-Olaechea sostuvo que las organizaciones delictivas transnacionales operan con herramientas tecnológicas que trascienden las barreras físicas, lo que limita el impacto real de este tipo de medidas en el combate contra delitos como el tráfico ilícito.
El plan “Escudo Fronterizo” abre un nuevo escenario en la política migratoria de la región, donde la coordinación entre países y el respeto a los acuerdos bilaterales serán claves para evitar tensiones y garantizar una gestión ordenada de los flujos migratorios.
