Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso aprobó derogar norma que afecta inversiones a regiones y municipios

Por unanimidad, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República aprobó derogar una norma contraria a principios constitucionales, que afectaba las inversiones de los gobiernos regionales y locales.

El texto aprobado, recaído en el dictamen del Proyecto de Ley 6244/2023-PE, deroga la Nonagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

Dicha disposición establece que los recursos vinculados a instrumentos de incentivos en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) y a fondos concursables, creados o por crearse, no podrán ser otorgados a los gobiernos regionales y locales que se encuentren en estado de emergencia como consecuencia de actos de violencia y/o alteración del orden público, entre otros.

La aplicación de dicha norma ha generado algunas situaciones de exclusión de gobiernos locales en las transferencias de partidas efectuadas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, se menciona en el proyecto de ley.

En otro momento, la Comisión recibió al presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Dennys Cuba Rivera, quien expuso los planteamientos de los gobiernos locales para que sean incorporados en el predictamen del proyecto de Ley 5779, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

Solicitó la inclusión de un artículo que autorice excepcionalmente la transferencia de hasta un 100 % adicional del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) a los gobiernos locales. 

Asimismo, que se autorice a los municipios utilizar hasta un 20 % de sus recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras; así como de los saldos de balances generados de dichos conceptos, para ser destinados a actividades de servicios públicos y fortalecimiento administrativo en gasto corriente.

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Y por último, que se destine un fondo de 1,000 millones para que después de ocurrido un fenómeno natural sea transferido a los municipios afectados y estos puedan atender directamente a la población.

El presidente del grupo de trabajo, José Jerí Oré (SP) mencionó que el país no atraviesa un buen momento financiero y por ello solicitó a los alcaldes que sus pretensiones vayan acorde a la realidad y ver alternativas que puedan aliviar la gestión de los gobiernos locales y regionales.

(ANDINA)