El congresista Segundo Montalvo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente José María Balcázar y varios exministros por presuntos delitos vinculados con el aumento de la inseguridad ciudadana y el cuestionado proceso de adquisición de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú.
La acusación atribuye al mandatario la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales. Según el documento presentado por el legislador, las investigaciones deben concentrarse en dos aspectos principales relacionados con la actuación del Gobierno.
El primer punto corresponde a la crisis de inseguridad ciudadana. Montalvo sostiene que, durante la administración de Balcázar, aumentaron los casos de homicidio, extorsión, secuestro y otros delitos que afectan directamente a la población y a las actividades económicas.
La denuncia señala que el jefe de Estado habría incumplido su obligación de adoptar medidas efectivas para proteger a los ciudadanos. También cuestiona la falta de aplicación de normas destinadas a enfrentar la delincuencia y el presunto incumplimiento de responsabilidades establecidas en la legislación sobre seguridad ciudadana.
De acuerdo con el documento, el nivel de criminalidad habría colocado al Perú en el puesto 11 a escala mundial en inseguridad. Asimismo, más de dos millones de empresas operarían bajo los efectos de la extorsión y el avance de las organizaciones criminales.
El segundo eje está relacionado con la adquisición de 24 aeronaves F-16, fabricadas por la empresa estadounidense Lockheed Martin, en una operación valorizada en aproximadamente US$ 3.500 millones.
Según la acusación, Balcázar habría firmado el Decreto Supremo N.° 001-2026, mediante el cual se autorizaba la operación bajo la condición de secreto militar. Sin embargo, posteriormente habría negado públicamente y en reiteradas ocasiones la existencia de los contratos.
La controversia provocó una crisis en el Ejecutivo el pasado 22 de abril, cuando el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y el excanciller Hugo de Zela dejaron sus cargos tras cuestionar públicamente la versión ofrecida por el mandatario sobre el proceso de compra de los aviones.
Montalvo reconoce que el artículo 117 de la Constitución limita las acusaciones que pueden formularse contra un presidente mientras ejerce el cargo. No obstante, sostiene que esta protección es temporal y concluirá el 28 de julio de 2026, cuando finalice el mandato de José María Balcázar.
Por ese motivo, el congresista solicitó que la Fiscalía inicie las diligencias preliminares, incluyendo la recopilación de documentos, declaraciones y otros elementos probatorios, pero reserve una eventual formalización de la investigación hasta que el mandatario deje el cargo.
En el caso de los exministros y demás funcionarios comprendidos en la denuncia, el legislador pidió que las investigaciones comiencen inmediatamente, debido a que no cuentan con la protección constitucional otorgada al jefe de Estado.
La acusación también cita la Sentencia 152/2025 del Tribunal Constitucional, que permite al Ministerio Público realizar determinadas diligencias, recabar información e investigar al entorno presidencial durante el ejercicio del mandato, aunque establece restricciones para continuar el proceso directamente contra el presidente.
Si la Fiscalía determina que existen elementos suficientes después del 28 de julio, el caso podría derivar en una acusación constitucional. La legislación permite que este procedimiento se promueva incluso hasta cinco años después de que una autoridad haya culminado sus funciones.
La denuncia abre un nuevo escenario político y judicial alrededor del Gobierno, en medio de la preocupación ciudadana por el avance de la criminalidad y los cuestionamientos sobre una de las adquisiciones militares más costosas de los últimos años.
