La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde a un proyecto que permite el aporte de personas naturales y jurídicas a organizaciones políticas, estableciendo límites y condiciones para su uso.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que plantea la restitución del financiamiento privado a los partidos políticos. Con 22 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, la propuesta establece que las organizaciones podrán recibir aportes de personas naturales y jurídicas nacionales, ya sea en efectivo, especie o el uso gratuito de inmuebles.
Los aportes anuales tendrán un tope máximo de 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por aportante por partido, y un límite general de 500 UIT, independientemente del número de organizaciones políticas beneficiadas.
El dictamen también regula el uso del financiamiento público directo, permitiendo que hasta el 50 % se destine a gastos operativos, adquisición de bienes inmuebles, mobiliario y otros elementos esenciales para el funcionamiento político. Además, parte de estos fondos podrá emplearse en la contratación de servicios diversos, como asesoría legal y administrativa. Sin embargo, si una organización política recibe una sentencia condenatoria firme, deberá devolver los fondos utilizados.
Por otro lado, al menos el 50 % del financiamiento público directo deberá destinarse a actividades de formación, capacitación e investigación, con enfoque en la igualdad de género y no discriminación. Estas actividades incluyen el uso de tecnologías digitales, encuestas y difusión en medios físicos y virtuales.
La aprobación de esta iniciativa genera debate en el ámbito político y social. Por un lado, se busca fortalecer la sostenibilidad de los partidos, pero, por otro, surgen preocupaciones sobre la transparencia en el manejo de fondos y el riesgo de influencias indebidas por parte de grandes aportantes.
La restitución del financiamiento privado es un paso importante para garantizar la autonomía financiera de los partidos políticos, pero será esencial contar con mecanismos de fiscalización estricta que aseguren un uso adecuado de los recursos y prevengan posibles irregularidades.