El abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Carlos Rivera, criticó la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de archivar la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte y sus exministros por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales que estallaron en diciembre de 2022. Rivera señala que esta medida refleja un pacto de impunidad entre el Ejecutivo y el Congreso.
En su intervención en el programa Prueba de Fuego, Rivera calificó el archivamiento de la denuncia, presentada por el exfiscal de la Nación Juan Carlos Villena, como una muestra clara de impunidad. Además, cuestionó la argumentación del congresista José Jerí, ponente del informe que recomendaba el archivo de la denuncia, quien aseguró que no había pruebas suficientes para demostrar una “conducta antijurídica” por parte de Boluarte. Rivera subrayó que la Fiscalía de la Nación tiene evidencia sólida, que incluye al menos diez casos de muertes durante las protestas, y resaltó que la presidenta estaba plenamente informada sobre los hechos y no actuó para evitar las muertes a pesar de tener las atribuciones para hacerlo.
El abogado recordó que, si bien es complejo que el Ministerio Público presente una nueva denuncia ante un Congreso renovado, los deudos de las víctimas podrían llevar el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta vía podría permitir una revisión internacional y determinar si la decisión del Congreso establece un claro marco de impunidad, afectando los derechos humanos en el país.
