María Carajulca, actual procuradora general del Estado, está ahora bajo el ojo de la Contraloría General de la República, la cual advirtió que ni el Ministerio de Justicia ni la Procuraduría cumplieron con el requisito de solicitarle a Caruajulca Quispe la declaración jurada en donde debía indicar que no había cometido faltas a la idoneidad en la defensa jurídica del Estado. Esto resulta cuanto menos inqiuetante, razón por la cual la Contraloría recomendó al Minjus tomar medidas al respecto.
En el informe que hizo al respecto la Contraloría se lee: “No obstante que se encontraba comprendida en hechos denunciados que la involucraban y que vienen siendo evaluados por órganos que son dependientes de su despacho, situación que origina el riesgo de afectación al principio de justicia y equidad; así como, se mantengan relaciones laborales en conflicto por el cumplimiento de funciones a cargo.” Aparte de esto, denuncias contra la nueva procuradora por “inacción en la defensa jurídica de la Municipalidad” y “falta de seguimiento e impulso de denuncia a nivel policial” cuando se desempeñaba como procuradora municipal del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) están siendo informadas. Ante esto, La Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Oficina de Control Funcional consigna que la actual procuradora no ratificó una denuncia ante la comisaría de SJL y evitó iniciar acciones legales en contra de una funcionaria por un caso de supuesta falsificación de documento