Expresidente busca reemplazar prisión preventiva por grillete electrónico
La Corte Suprema revisará el próximo 11 de marzo la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien solicita la revocación de su prisión preventiva a cambio de un sistema de vigilancia electrónica. El exmandatario enfrenta un proceso judicial por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Análisis del pedido y argumentos de la defensa
La audiencia se realizará de manera virtual desde las 9:00 a. m., con la participación del tribunal supremo, la defensa del exgobernante y las partes involucradas. La solicitud de Castillo se basa en «nuevos elementos de convicción» que, según su abogado, demostrarían la inexistencia de los delitos imputados. Sin embargo, en enero pasado, el juez Juan Carlos Checkley rechazó un pedido similar, argumentando que la legislación peruana solo permite la vigilancia electrónica en delitos cuya pena no supere los ocho años de prisión, mientras que el delito de rebelión que se le atribuye contempla penas de 10 a 20 años.
El magistrado también resaltó que el centro penitenciario de Barbadillo, donde está recluido el expresidente, no sufre hacinamiento, por lo que no se justifica la aplicación de la medida alternativa.
Antecedentes y posibles consecuencias
La audiencia del 24 de febrero fue suspendida debido a que el abogado Carlos Perea abandonó la sesión por problemas técnicos sin previa autorización, lo que generó una llamada de atención del juez César San Martín y la advertencia de que, en caso de repetirse, se designará un defensor público.
Por otro lado, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria ha solicitado una pena de 34 años de prisión y una inhabilitación de 3 años y 6 meses para ejercer cargos públicos, acusándolo de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
El fallo de la Corte Suprema será clave para definir la situación legal de Pedro Castillo. Si la apelación es aceptada, el exmandatario podría continuar su proceso con vigilancia electrónica. De lo contrario, seguirá en prisión preventiva, mientras la justicia determina su responsabilidad en los hechos que llevaron a su destitución.