El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, puso en duda la validez constitucional del decreto de urgencia con el que el Gobierno de transición encabezado por José Jerí busca reformar Petroperú. Según sostuvo, este tipo de medidas no corresponde a una administración transitoria.
En declaraciones al programa Las cosas como son de RPP TV, Gutiérrez explicó que, de acuerdo con los principios constitucionales y la separación de poderes, un gobierno provisional carece de facultades para impulsar reformas estructurales. Recordó que la ciudadanía elige cada año a su presidente y fórmula presidencial, no al Congreso para designar gobiernos transitorios con capacidad de reforma.
El titular de la Defensoría informó además que su institución elabora un informe técnico que será presentado “en el más breve plazo” para evaluar si el decreto de urgencia es constitucional, viable y ejecutable. Como hipótesis inicial, advirtió que se habría infiltrado personal dentro de Petroperú con el objetivo de debilitarla desde adentro, una situación que según dijo será sustentada con datos en el documento final.
Gutiérrez también expresó serias dudas frente a la propuesta de transferir la empresa a Proinversión para liderar una reestructuración, señalando que este tipo de planteamientos suele alejarse de la realidad operativa de la compañía.
En respuesta a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez a Perú21, quien lo acusó de buscar respaldo político en el Congreso, el defensor rechazó tajantemente estar haciendo política o protegiendo intereses particulares. Aclaró que su rol es técnico e institucional, no partidario.
Finalmente, anunció una reunión con el premier para el 7 de enero, en la que abordarán el decreto en cuestión. No obstante, adelantó que, a su juicio, el proyecto no podrá ejecutarse, reafirmando la necesidad de respetar el marco constitucional.
