Ayer se cumplieron tres meses desde que la refinería La Pampilla, operada por Repsol, ocasionó un accidente ecológico que provocó la contaminación de gran parte del litoral peruano con crudo de petróleo, generando una serie de consecuencias sociales, económicas y ambientales para los ciudadanos y especies.
Ante el desastre, las acciones de limpieza continúan con serios cuestionamientos que advierten deficiencias en el proceso. En ese contexto, la Defensoría del Pueblo señaló que urge acelerar la descontaminación en las zonas perjudicadas por el producto químico y demandó mejorar las acciones coordinadas entre Repsol y el Poder Ejecutivo.
El órgano constitucional se reunió con el ministerio del Ambiente (Minam), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) para recabar los avances realizados hasta la fecha.
La institución concluyó que continúan reportándose zonas marino-costeras con petróleo, vulnerando el derecho de la población a disfrutar de un ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo.
Por otro lado, tampoco se identificó la totalidad de actividades económicas afectadas directa o indirectamente, lo que se traduce en la vulneración del derecho al trabajo de quienes laboraban en el mar. Por lo que reiteró a la Presidencia del Consejo de Ministros la urgencia de que lidere las medidas para asistir a las personas perjudicadas, más allá de los bonos y canastas básicas que recibieron.