El exministro del Interior Dimitri Senmache Artola advirtió que el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo no debería concentrarse únicamente en aprobar nuevas normas, sino en determinar qué capacidades concretas necesita el Estado para anticipar, investigar y desarticular organizaciones criminales. En su análisis, sostiene que la crisis de inseguridad puede justificar medidas extraordinarias, pero estas deberían ser selectivas, temporales y sujetas a resultados verificables.
El documento, titulado “Análisis de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo en medio de la crisis de seguridad en el Perú”, examina el pedido presentado al Congreso por un periodo de 120 días y señala que la propuesta reúne materias de seguridad junto con reformas económicas, tributarias, productivas, administrativas, ambientales, de infraestructura y vivienda.
Según Senmache, esta amplitud no significa necesariamente que las otras reformas sean inconvenientes, pero sí puede dificultar la identificación de cuáles responden realmente a una situación de emergencia vinculada con la criminalidad.
La tesis central del análisis es que una modificación legal puede eliminar obstáculos jurídicos, pero por sí sola no genera analistas especializados, investigadores, fiscales, peritos, tecnología, interoperabilidad de bases de datos ni capacidad operativa.
Por ello, plantea diferenciar cuatro elementos que suelen confundirse en el debate público: la amenaza criminal, la capacidad del Estado, la habilitación jurídica y la ejecución institucional.
El documento propone que cada facultad sea examinada a partir de preguntas concretas: qué amenaza busca reducir, qué capacidad posee actualmente la organización criminal, qué información necesita el Estado, qué impedimento legal existe, qué entidad será responsable, qué recursos se requieren y qué resultado deberá obtenerse.
Entre las materias comprendidas en el bloque de seguridad aparecen migración y nacionalidad, geolocalización de equipos, armas y explosivos, sistema penitenciario, participación excepcional de las Fuerzas Armadas, criminalidad organizada, investigación penal, uso de la fuerza, legítima defensa y eventual calificación de organizaciones criminales como terroristas, entre otros puntos.
Sin embargo, Senmache sostiene que estas materias no deberían recibir la misma valoración ni prioridad.
De acuerdo con la matriz incluida en el análisis, las medidas relacionadas con rastreo y geolocalización, armas y explosivos, reforma penitenciaria, investigación de organizaciones criminales e inteligencia presentan una urgencia particularmente alta por su capacidad potencial para afectar directamente las operaciones del crimen organizado.
Uno de los puntos centrales es el uso de tecnología en las investigaciones. El documento plantea que el objetivo no debería limitarse al bloqueo de celulares, sino aprovechar la información obtenida para reconstruir redes de comunicación, identificar vínculos, localizar operadores y obtener evidencia útil para procesos judiciales.
El análisis cita además una cifra de 1 462 487 teléfonos móviles reportados como robados durante 2025, equivalente aproximadamente a 4 007 equipos por día, y plantea la necesidad de intervenir no solo el robo, sino también las cadenas de acopio, adulteración, distribución y comercialización de estos dispositivos.
En materia de armas y explosivos, la propuesta apunta a priorizar la identificación de proveedores, rutas, mecanismos de adquisición y fuentes de financiamiento utilizadas por las organizaciones criminales, en lugar de limitar la estrategia a controles administrativos sobre armas legalmente registradas.
El sistema penitenciario constituye otro de los puntos considerados críticos. Senmache advierte que los establecimientos penitenciarios pueden convertirse en espacios desde los cuales se coordinan extorsiones, comunicaciones ilícitas, operaciones financieras o actividades criminales.
Por esa razón, plantea reforzar la inteligencia penitenciaria, el control tecnológico, la identificación de redes de corrupción interna y la integración de información con unidades policiales y financieras.
El documento considera además que la criminalidad organizada y la investigación criminal representan el núcleo con mayor potencial transformador dentro de las facultades solicitadas.
La propuesta consiste en modificar el enfoque tradicional centrado principalmente en detener individuos y pasar a investigar las estructuras completas: liderazgo, financiamiento, logística, operadores, comunicaciones, lavado de activos, patrimonio y redes de protección.
Bajo este enfoque, el éxito de una política de seguridad no debería medirse únicamente por cantidad de detenidos u operativos realizados, sino por la capacidad criminal efectivamente neutralizada, organizaciones desarticuladas y flujos financieros o logísticos interrumpidos.
Otro de los planteamientos principales es la construcción de una arquitectura nacional de inteligencia criminal capaz de integrar información policial, penitenciaria, financiera, tecnológica, migratoria, tributaria y registral.
Según el análisis, compartir información entre instituciones no es suficiente. Se requiere establecer reglas de acceso, interoperabilidad, trazabilidad, protección de datos, responsabilidades institucionales y mecanismos que permitan transformar información dispersa en inteligencia útil.
Senmache resume esta lógica como una cadena que debe funcionar de manera articulada: información, inteligencia, investigación, acusación, juzgamiento, condena y reducción de capacidades criminales.
El análisis también introduce el concepto de anticipación, señalando que la inteligencia no debería limitarse a estudiar delitos ya cometidos.
Entre las señales que podrían servir para detectar futuros movimientos criminales menciona cambios inusuales en comunicaciones, nuevos dispositivos, movimientos financieros atípicos, adquisición de vehículos, desplazamiento territorial de operadores, ingreso de armas, variaciones en patrones penitenciarios y aparición de nuevos integrantes.
Sobre la posibilidad de considerar determinadas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, el documento pide especial cautela. Sostiene que una nueva denominación jurídica solo sería útil si genera herramientas adicionales concretas para prevenir, investigar o desarticular estructuras criminales.
La participación de las Fuerzas Armadas también es abordada en el análisis. Senmache plantea que pueden cumplir funciones complementarias en control territorial, protección de infraestructura, vigilancia y apoyo logístico, pero sostiene que la investigación criminal especializada debe permanecer vinculada a capacidades policiales, fiscales, forenses y judiciales.
En cuanto a la legítima defensa, considera que puede ser materia de discusión legislativa, aunque advierte que su impacto sistémico frente al crimen organizado sería menor respecto de medidas de inteligencia e investigación.
Como alternativa a una delegación amplia, el documento propone organizar las medidas de seguridad alrededor de cinco grandes ejes de capacidad estatal: inteligencia criminal y anticipación; investigación y persecución de organizaciones criminales; sistema penitenciario; dinero y logística criminal; y protección efectiva de víctimas y denunciantes.
Asimismo, recomienda que cada decreto legislativo indique de manera expresa el problema que busca resolver, la amenaza existente, la evidencia disponible, la barrera jurídica que se pretende superar, la entidad responsable, el presupuesto necesario y los indicadores que permitirán medir sus resultados.
En su evaluación final, Senmache considera que el Congreso no debería rechazar automáticamente ni aprobar en bloque las facultades solicitadas.
Su recomendación es separar el componente de seguridad y, de corresponder, aprobar una delegación específica, circunscrita, temporal y condicionada, orientada directamente a reducir las capacidades operativas, financieras, logísticas, comunicacionales y territoriales del crimen organizado.
El análisis concluye que el Perú no necesita únicamente más legislación de seguridad, sino mayor capacidad estatal para convertir información en inteligencia, inteligencia en investigación y las investigaciones en resultados judiciales sostenibles. La efectividad de cualquier delegación, por tanto, dependerá no solo del contenido de las normas, sino también de su implementación, recursos, coordinación institucional y capacidad de adaptación frente a organizaciones criminales que modifican constantemente sus métodos.
