Dina Boluarte fue destituida por incapacidad moral y José Jerí asumió la Presidencia del Perú

El Congreso de la República declaró la vacancia de Dina Boluarte por permanente incapacidad moral y oficializó que el presidente del Parlamento, José Jerí Oré, asuma temporalmente la Presidencia de la República, conforme al régimen de sucesión establecido en la Constitución Política del Perú.

La decisión fue aprobada mediante la Resolución del Congreso N.º 001-2025-2026-CR, publicada este 10 de octubre de 2025 en el diario oficial El Peruano. El procedimiento de vacancia se inició el día anterior, tras la presentación de cuatro mociones sustentadas en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución, que contempla la incapacidad moral como causal de destitución. Durante la sesión plenaria, Boluarte no hizo uso de su derecho de defensa. La resolución fue firmada por José Jerí Oré y el primer vicepresidente Fernando Rospigliosi Capurro, disponiendo su cumplimiento inmediato.

Con esta medida, el Parlamento puso fin al mandato de Dina Boluarte, quien gobernaba desde diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo. Su gestión estuvo marcada por crisis políticas y protestas sociales, además de cuestionamientos por presuntos actos de corrupción y falta de liderazgo. En cumplimiento del artículo 115 de la Constitución, José Jerí asumió el cargo de presidente de la República, jurando ante el Pleno y comprometiéndose a liderar un gobierno de transición hasta el 26 de julio de 2026.

En su primer mensaje a la Nación, Jerí destacó la lucha contra la inseguridad ciudadana como el principal desafío del país y llamó a la unidad nacional. “Es momento de pedir perdón por los errores cometidos y construir un país basado en la empatía y la reconciliación”, afirmó. Asimismo, prometió garantizar la transparencia, legalidad y neutralidad del próximo proceso electoral, subrayando su compromiso con la Constitución y la democracia.

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La transición de mando marca un nuevo capítulo en la inestabilidad política peruana y reabre el debate sobre la necesidad de reformas institucionales que fortalezcan la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

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