El candidato a la Alcaldía de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), Edgardo de Pomar, cuestionó la postulación de Rafael López Aliaga y sostuvo que se trataría de una “reelección encubierta” que, a su juicio, vulneraría el marco constitucional. También criticó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de permitir que la candidatura continúe en carrera.
Durante una entrevista televisiva, De Pomar afirmó que López Aliaga habría recurrido a una estrategia política para volver a postular a la Municipalidad Metropolitana de Lima, pese a las restricciones que, según su interpretación, impedirían una reelección inmediata.
El aspirante del PPC, quien también se presentó como profesor de Derecho Municipal, señaló que la candidatura habría estado precedida por acciones orientadas a viabilizar políticamente la postulación. En ese contexto, consideró que se habría producido una afectación a las normas constitucionales y electorales.
De Pomar también dirigió sus críticas hacia el JNE, al considerar que el organismo electoral debió impedir la candidatura. Cuestionó que se haya otorgado luz verde al proceso y destacó que uno de los magistrados habría expresado una posición distinta mediante un voto en minoría.
Sus declaraciones se producen en medio del debate político por las próximas elecciones municipales y por la participación de López Aliaga, cuya candidatura viene generando cuestionamientos entre algunos de sus competidores.
El candidato del PPC también se pronunció sobre los trenes destinados a la ruta Lima-Chosica, luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señalara que las unidades adquiridas a Caltrain fueron compradas y no recibidas como una donación.
De Pomar sostuvo que, más allá de la modalidad mediante la cual llegaron al país, lo fundamental es que los trenes puedan ser puestos en funcionamiento debido a la alta demanda de transporte existente en Lima Este, zona donde, según indicó, viven alrededor de tres millones de personas.
Sin embargo, cuestionó el procedimiento seguido para la adquisición y recepción del material ferroviario. Según explicó, las competencias relacionadas con el transporte urbano fueron transferidas desde la Municipalidad de Lima hacia la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
En ese sentido, consideró que la comuna metropolitana ya no tendría facultades suficientes para administrar directamente este tipo de servicios y que, por tanto, la incorporación de los trenes debió coordinarse previamente con las autoridades nacionales competentes.
De Pomar añadió que la gestión de López Aliaga debió avanzar de manera paralela con la ATU y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para garantizar que el concesionario de la vía férrea aceptara la operación de las unidades.
Las declaraciones del candidato del PPC colocan nuevamente en debate dos temas centrales de la campaña municipal: las reglas que deben regir la participación de los postulantes y la capacidad de la próxima gestión metropolitana para resolver los problemas de transporte que afectan diariamente a millones de ciudadanos.
