A pesar de que las elecciones generales de 2026 contarán con 36 candidatos presidenciales inscritos, el doble que en los comicios de 2021, el sentimiento de representación política en el Perú atraviesa uno de sus niveles más bajos. De acuerdo con un estudio de Ipsos, en enero de 2026 el 29% de peruanos afirma que votaría en blanco, viciado o por ninguno, mientras que otro 18% aún no define su preferencia, lo que implica que casi la mitad del electorado (47%) no se identifica con ninguna alternativa política.
Esta cifra contrasta con procesos electorales anteriores. En enero de 2021, el porcentaje de indecisos alcanzaba el 25%, y en 2016 apenas llegaba al 14%, lo que evidencia una creciente desconexión entre la ciudadanía y la oferta política, incluso cuando esta es más amplia.
El descontento tiene raíces profundas. Al 2025, tres de cada cuatro peruanos manifiestan no confiar nada en el Congreso ni en los partidos políticos, el nivel de desconfianza más alto registrado. A ello se suma una percepción extendida de corrupción, considerada por el 61% de la población como uno de los principales problemas del país, según la Encuesta Nacional de Hogares. Esta preocupación se sitúa al mismo nivel que la inseguridad ciudadana (62%), reflejando un clima de malestar generalizado.
La erosión de la confianza no se limita a la clase política, sino que alcanza al propio sistema democrático. En la última década, ningún gobierno ha logrado culminar su mandato, y varios expresidentes enfrentan procesos judiciales por corrupción. Como consecuencia, al 2025, el 10% de los peruanos considera que la democracia no sirve para nada, más del doble que en 2015. Asimismo, el 20% cree que la democracia funciona muy mal, frente al 8% registrado hace diez años.
La credibilidad del proceso electoral también se encuentra en cuestión. Según la Enaho, en 2025, cuatro de cada diez ciudadanos no confían en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, el 33% considera que en el país no se respeta la libertad política, mientras que el 46% cree que no existen garantías para elecciones transparentes, percepciones que se han deteriorado de manera sostenida en los últimos diez años.
Una democracia debilitada genera impactos que van más allá de la política. La pérdida de confianza institucional afecta la gobernabilidad, limita la capacidad del Estado para cerrar brechas sociales y dificulta la implementación de políticas fiscales responsables. Además, debilita la calidad y previsibilidad del gasto público y abre espacio a propuestas antidemocráticas que desincentivan la inversión y el crecimiento económico. No es casual que, al 2025, el 28% de peruanos considere que, bajo ciertas circunstancias, un gobierno autoritario podría ser preferible o similar a uno democrático.
De cara a las elecciones de 2026, el principal desafío no radica únicamente en la fragmentación de la oferta electoral, sino en la profunda desconfianza ciudadana hacia quienes aspiran a gobernar y hacia el propio sistema democrático. Revertir esta tendencia exige fortalecer los partidos políticos, garantizar procesos electorales transparentes y un compromiso explícito de los candidatos con la gobernabilidad y la responsabilidad macrofiscal. De lo contrario, el riesgo es que el descontento ciudadano siga alimentando la inestabilidad política y decisiones de corto plazo, en detrimento del crecimiento sostenido del país.
