Alejandro Narváez, expresidente del directorio de Petroperú, rechazó las críticas lanzadas por la ministra de Economía, Denisse Miralles, sobre una supuesta falta de transparencia en la información financiera de la empresa estatal. Asegura que las afirmaciones son técnicamente infundadas y están afectando la reputación e intereses económicos del país en los mercados internacionales.
En entrevista con RPP, Narváez defendió la transparencia de Petroperú señalando que la empresa cumple con sus obligaciones legales de información, enviando regularmente sus estados financieros a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Además, recordó que los informes de 2023 contaron con una opinión limpia de la auditora PwC, lo cual no sería posible si existieran irregularidades en los datos presentados.
El exdirectivo cuestionó el sustento técnico de las declaraciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señalando que podrían ser resultado de una asesoría deficiente o de no haber revisado los documentos que están públicamente disponibles. Subrayó la necesidad de prudencia en las declaraciones públicas, dado que Petroperú cotiza bonos por US$ 3,000 millones en mercados sensibles como Nueva York y Londres.
La polémica ya ha tenido efectos concretos: según Narváez, los bonos de Petroperú han caído de 82 a 72 como resultado del mensaje negativo transmitido desde el Ejecutivo. «Es como si el dueño dijera que su empresa está mal; eso hace que el mercado pierda confianza», advirtió.
Finalmente, Narváez reivindicó su gestión frente a la petrolera estatal, asegurando que logró reducir una pérdida proyectada de US$ 1,030 millones a US$ 750 millones, cifras que afirma están auditadas y disponibles para cualquier verificación.
Esta controversia pone en evidencia cómo las declaraciones de altos funcionarios del Estado pueden tener un impacto directo en la estabilidad financiera de empresas públicas, especialmente cuando participan en mercados globales. En un contexto económico sensible, la coherencia y responsabilidad comunicacional desde el Ejecutivo resulta clave para proteger la imagen del país y sus activos estratégicos.
