El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue condenado a 30 años de prisión tras ser hallado culpable de autorizar una operación con drones destinada a provocar tensiones con Corea del Norte, con el objetivo de justificar la imposición de la ley marcial a finales de 2024. La sentencia se suma a otras condenas que ya pesan sobre el exmandatario por su actuación durante una de las mayores crisis políticas recientes del país asiático.
La decisión fue emitida por el Tribunal del Distrito Central de Seúl, que encontró responsable a Yoon de los delitos de favorecimiento al enemigo y abuso de poder. La corte concluyó que el exjefe de Estado aprobó desde el inicio una estrategia orientada a generar una situación de emergencia que facilitara la aplicación de medidas excepcionales bajo el argumento de una amenaza nacional.
Según la resolución judicial, la operación militar habría incrementado el riesgo de un enfrentamiento con Corea del Norte, exponiendo tanto a civiles como a efectivos militares surcoreanos a posibles consecuencias derivadas de una escalada del conflicto. Los magistrados señalaron que las acciones ejecutadas generaron un escenario de alta tensión con potencial impacto en la seguridad nacional.
La misma condena fue impuesta al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien, de acuerdo con las investigaciones, participó activamente en la planificación y ejecución de las operaciones cuestionadas.
El fallo también sostiene que la estrategia provocó la filtración de información sensible relacionada con capacidades militares surcoreanas y comprometió recursos que debían mantenerse disponibles para situaciones de emergencia reales. Para el tribunal, estas acciones representaron un uso indebido de estructuras estatales con fines políticos.
La controversia se remonta a los meses previos a la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. En febrero de 2025, las autoridades norcoreanas denunciaron ante organismos internacionales el presunto sobrevuelo de drones provenientes del sur, los cuales habrían difundido material propagandístico sobre territorio norcoreano. Posteriormente, medios estatales de Pyongyang difundieron imágenes de restos de aeronaves que guardaban similitudes con modelos utilizados por las Fuerzas Armadas surcoreanas.
Esta nueva condena se suma a la cadena perpetua que Yoon recibió previamente por cargos relacionados con la imposición inconstitucional del estado de emergencia, así como a otra sentencia de cinco años de prisión por obstrucción de la justicia. Todos estos procesos forman parte de una serie de investigaciones vinculadas a su controvertida gestión durante la crisis política que sacudió al país.
El caso ha generado un amplio debate sobre los límites del poder presidencial, el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos y la importancia de preservar los mecanismos democráticos en momentos de tensión institucional. La acumulación de condenas contra un exjefe de Estado representa uno de los episodios judiciales más significativos en la historia reciente de Corea del Sur.
