Los ataques contra transportistas continúan en Lima. Un bus de la empresa Negociaciones Santa Anita fue baleado por presuntos extorsionadores en el anexo 22 de Jicamarca, distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, dejando herido al conductor y sembrando pánico entre los pasajeros.
Según testigos, la unidad fue interceptada por dos delincuentes en motocicleta, quienes dispararon hasta tres veces contra el chofer, pese a que el vehículo se encontraba lleno de pasajeros. Uno de los proyectiles impactó en el hombro del conductor, Jorge Cabrera Fernández (41), quien, a pesar de estar herido, continuó manejando al ser perseguido por los atacantes durante aproximadamente cinco cuadras.
Tras el atentado, el transportista fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho, donde fue atendido durante la madrugada. Sus compañeros confirmaron que el conductor ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro, aunque el hecho dejó una profunda sensación de temor entre quienes viajaban en el bus.
Los pasajeros vivieron momentos de terror. Un audio al que accedió RPP, grabado por algunos de ellos, evidencia la desesperación mientras pedían ayuda y solicitaban que se llame a la Policía, alertando que eran perseguidos y que el chofer estaba herido. En la unidad viajaban alrededor de 30 personas, según información policial.
La gravedad del caso se agrava con la revelación de que la empresa paga cupos a dos bandas criminales. Un dirigente de Negociaciones Santa Anita señaló que cada bus abona S/ 7 diarios a una banda y S/ 5 a otra, lo que suma S/ 12 diarios por unidad. Con cerca de 130 buses, el monto total sería significativo. El representante no descartó que el ataque se deba a una confusión con otra empresa o a la acción de una tercera organización criminal.
Este nuevo atentado expone la crítica situación de inseguridad que enfrentan los transportistas y usuarios del transporte público, así como la normalización de la extorsión en el sector. El caso refuerza la urgencia de acciones efectivas del Estado para frenar la violencia y proteger a quienes trabajan y se movilizan diariamente en la ciudad.
