El fallo que impone 15 años de prisión al congresista Guillermo Bermejo por afiliación a una organización terrorista ha provocado una ola de reacciones en el Parlamento. Legisladores de distintas bancadas expresaron posiciones encontradas sobre la decisión judicial, evidenciando nuevamente la polarización política que atraviesa el país.
Mientras congresistas como Patricia Juárez (Fuerza Popular) señalaron que “la sentencia debe cumplirse” y recordaron que el reglamento del Congreso impide reemplazar a un parlamentario condenado por terrorismo, otros mostraron una postura más crítica hacia el sistema judicial. Juárez recalcó que, por norma, “no habrá accesitario en el caso del señor Bermejo”, confirmando así la vacancia definitiva de su curul.
Desde el bloque de izquierda, Wilson Quispe (Juntos por el Perú) reconoció el derecho de Bermejo a apelar la sentencia, aunque señaló que su accesitaria, Zaira Arias, debería asumir el escaño mientras tanto. Por su parte, Guido Bellido (Podemos Perú) denunció que el proceso refleja una “inseguridad jurídica evidente”, alegando que se trata de un fallo con tinte político, emitido en un contexto electoral.
La congresista Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) también expresó su respaldo a Bermejo, cuestionando que un proceso con dos absoluciones previas termine con una condena. A su juicio, esto revela una justicia parcializada que actúa “con saña hacia algunos y con indulgencia hacia otros”. Finalmente, Margot Palacios calificó el veredicto como parte de una “persecución sistemática” impulsada por sectores de derecha, asegurando que se busca silenciar voces disidentes en el Congreso.
El caso Bermejo vuelve a poner en el centro del debate la credibilidad del Poder Judicial y los límites entre justicia y política en el Perú. La resolución no solo marca el destino judicial del parlamentario, sino también profundiza la brecha ideológica que divide al Legislativo y erosiona aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
