La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por hechos que se habrían producido cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior. Se le atribuye el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, vinculado a la contratación de un exoficial de la Policía como analista de redes sociales.
La denuncia sostiene que el policía en retiro Luis Pineda Rodríguez fue contratado por el Ministerio del Interior para labores de monitoreo digital, pero terminó difundiendo mensajes políticos en favor de Santiváñez, lo que excedía sus funciones. Según la investigación, Pineda había tenido contacto previo con el ministro a través de reuniones personales y visitas a su despacho, así como encuentros con funcionarios de la Oficina de Comunicación Social e Imagen Institucional.
El proceso de contratación muestra coincidencias sospechosas: tras reuniones con Pineda, la mencionada oficina solicitó su incorporación como locador de servicios, con órdenes que ascendieron a más de S/ 21 000 en dos contratos durante el 2024. Posteriormente, Pineda realizó actividades no contempladas en su contrato, como la difusión en WhatsApp de encuestas y mensajes que buscaban respaldar la permanencia de Santiváñez en el cargo.
Si bien la Fiscalía reconoce que no existen pruebas directas de la intervención del ministro en la tramitación administrativa, los indicios apuntan a un interés indirecto en favorecer a una persona de su entorno cercano, lo que sustentaría la acusación. De confirmarse, el caso no solo comprometería la imagen del titular de Justicia, sino que abriría un debate sobre el uso indebido de recursos públicos para fines políticos.
Este proceso evidencia la importancia de transparentar las contrataciones estatales y reforzar los mecanismos de control para evitar que los ministerios se conviertan en plataformas de beneficio personal o político.
