La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación preliminar contra el empresario chino Zhihua Yang por las reuniones sostenidas con el presidente de la República, José Jerí, el 26 de diciembre de 2025, en un chifa del distrito de San Borja y en el local de Market Capón, ubicado en el Cercado de Lima.
A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio Público informó que la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro (Cuarto Despacho) viene realizando diligencias preliminares contra el empresario por el presunto delito de tráfico de influencias, en agravio del Estado, a raíz de estos encuentros con el mandatario.
Como parte de las acciones dispuestas, la fiscal provincial Diana Mayra Paico Guevara ordenó la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de la Municipalidad de San Borja y de un inmueble ubicado en esa jurisdicción, además de otras diligencias orientadas a esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.
En paralelo, cabe recordar que el 15 de enero, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, inició una investigación preliminar contra el propio presidente Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias, también vinculados a las reuniones no registradas con el empresario asiático.
Según se informó, el despacho fiscal deberá programar diversas diligencias, entre ellas tomar la declaración del jefe de Estado hasta en dos oportunidades, recibir los testimonios de los demás implicados y recabar información adicional para establecer las responsabilidades correspondientes, conforme a lo dispuesto por una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con el caso de la exmandataria Dina Boluarte.
El avance de estas investigaciones vuelve a poner en el centro del debate la transparencia en el ejercicio del poder, el control de las relaciones entre autoridades y empresarios y la necesidad de respetar los mecanismos institucionales para garantizar la confianza ciudadana en el Estado.
