El día de ayer, martes 11 de octubre, la fiscal de la nación Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional ante el congreso contra el presidente de la república, acusándolo de ser el presunto de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder político, además de inputárseles los delitos de tráfico de influencias agravado y colusión.

En su pronunciamiento oficial emitido en vivo por televisión, la fiscal Benavides aludió que habían «muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno», encontradas en teoría en la diligencia de la mañana de ayer. Además, su denuncia enfatizó al afirmar que esta red corrupta está «presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones», e integrada por varios ministros.

Además, acusó a la misma organización de desplegar una «constante y feroz obstrucción a la Justicia» que, alertó, «pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer».

Consecuencia de esto, tras la denuncia formalmente presentada, la Fiscalía estrechó ayer martes el cerco judicial sobre el presidente Pedro Castillo y empujó a su gobierno a una nueva crisis política, y conseguir la detención de varios de sus exasesores en Palacio de Gobierno, acciones que el mandatario calificó como el inicio de «una nueva modalidad de golpe de Estado» en el país.

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