Las fiscalías especializadas en delitos informáticos han obtenido 785 sentencias condenatorias contra personas vinculadas con distintas modalidades de ciberdelincuencia en el Perú. La mayor parte de los fallos corresponde a casos de fraude informático, considerado el delito de este tipo con mayor número de denuncias en el país.
La coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, Aurora Castillo, informó que también se consiguieron condenas por suplantación de identidad, propuestas de contenido sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes, así como por otras conductas ilícitas cometidas mediante medios digitales.
Uno de los principales desafíos para los fiscales es que muchas investigaciones se inician sin conocer la identidad de los responsables. Establecer quién opera una cuenta, realiza una transacción o envía una comunicación digital puede requerir varios meses de diligencias y análisis técnico especializado.
En estos casos, la cooperación internacional resulta determinante, debido a que numerosos proveedores de servicios digitales tienen sus sedes y servidores fuera del territorio peruano. Entre las plataformas que pueden conservar información relevante figuran Meta, TikTok y Roblox.
El primer paso de las autoridades consiste en solicitar la preservación de los datos para evitar que sean eliminados. Posteriormente, deben cumplirse los procedimientos legales correspondientes para acceder a esa información e incorporarla como evidencia dentro de un proceso penal.
La complejidad de las investigaciones aumenta cuando las organizaciones criminales emplean criptomonedas para esconder el origen, recorrido o destino del dinero obtenido mediante actividades ilícitas. El rastreo de estos activos exige herramientas tecnológicas y personal con conocimientos especializados.
Como parte de la respuesta institucional, el Ministerio Público ha desarrollado actividades de capacitación para fiscales y equipos técnicos, con el respaldo de entidades extranjeras. Estas jornadas buscan fortalecer las capacidades de investigación frente a modalidades delictivas que evolucionan de manera constante.
Pese a estos avances, la cantidad de fiscalías especializadas sigue siendo reducida. Actualmente, estas dependencias funcionan en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, aunque los delitos informáticos afectan a ciudadanos de todas las regiones del país.
La limitada cobertura nacional provoca que numerosos casos sean asumidos por despachos que también atienden delitos de otra naturaleza. Esta situación puede retrasar las diligencias, especialmente cuando es necesario actuar con rapidez para conservar información digital que podría desaparecer en poco tiempo.
Otro problema está relacionado con la aplicación de las normas tradicionales del Código Procesal Penal a hechos cometidos en entornos digitales. Los procedimientos actuales no siempre se ajustan a la velocidad con la que se eliminan datos, se modifican cuentas o se trasladan fondos obtenidos ilegalmente.
Ante este escenario, especialistas consideran necesario incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales contemplados en el Convenio de Budapest, instrumento internacional orientado a mejorar la investigación y cooperación frente a los delitos informáticos.
Las 785 condenas representan un avance en la lucha contra la ciberdelincuencia, pero también evidencian la necesidad de ampliar la cobertura de las fiscalías especializadas, actualizar las normas procesales y fortalecer la cooperación con plataformas digitales y autoridades extranjeras.
