La frontera entre Perú y Bolivia se ha convertido en la principal ruta de ingreso de mercadería ilegal, consolidando a la zona sur como el epicentro del contrabando en el país. Según estimaciones del sector industrial, esta actividad ilícita ocasiona pérdidas superiores a US$ 600 millones anuales al Estado, afectando la recaudación fiscal y la competitividad de la economía formal.
Las rutas de ingreso atraviesan puntos críticos como Tilali y Desaguadero, desde donde los productos son trasladados hacia ciudades como Juliaca, Arequipa y Lima. En zonas cercanas a la frontera, viviendas particulares funcionan como centros clandestinos de acopio, mientras que el transporte se realiza por rutas alternas e incluso mediante embarcaciones que cruzan el lago Titicaca, facilitando un flujo constante de bienes ilegales.
De acuerdo con Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el contrabando ha evolucionado hacia esquemas más sofisticados y organizados. Silvia Hooker, secretaria técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito, advirtió que ya no se trata de hechos aislados, sino de redes estructuradas que reducen la recaudación y exponen debilidades en el control estatal.
El caso de los cigarrillos es uno de los más representativos: la amplia brecha de precios entre el producto legal e ilegal genera márgenes de ganancia elevados, incentivando la expansión de estas redes. El patrón se repite en combustibles, bebidas alcohólicas y otros bienes de consumo masivo, cuya alta rentabilidad compensa los riesgos de la actividad ilícita.
Un elemento adicional es la diversificación de canales de venta. Los productos de contrabando ya no solo se ofrecen en mercados físicos informales, sino también a través de redes sociales y plataformas de comercio electrónico, ampliando su alcance a consumidores en distintas regiones del país.
Este panorama evidencia que el contrabando se ha transformado en un fenómeno estructural que combina logística organizada, incentivos económicos y debilidades de fiscalización. Frente a ello, especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer la presencia estatal en zonas críticas, mejorar los mecanismos de control y diseñar estrategias integrales que permitan proteger la economía formal y la recaudación tributaria.
