El Gobierno de Keiko Fujimori prepara una reforma del servicio civil que contempla otorgar incentivos económicos a los trabajadores públicos que decidan renunciar voluntariamente a sus cargos. La medida forma parte del proyecto de delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará ante el Congreso y busca reorganizar la planilla estatal, evitar la duplicidad de funciones y mejorar la eficiencia del gasto público.
La iniciativa fue anunciada como parte de una “gran reforma del servicio civil” y, según el borrador de la propuesta, no supondría el despido de los servidores con contratos indefinidos. El mecanismo planteado consistiría en ofrecer una compensación económica a quienes acepten dejar libremente su puesto dentro de una entidad estatal.
El documento señala que los incentivos se calcularían tomando como referencia la protección económica reconocida en el régimen laboral privado regulado por el Decreto Legislativo 728. No obstante, la propuesta todavía no establece montos específicos ni determina con claridad qué grupos de trabajadores podrían acogerse al beneficio.
En el sector privado, la indemnización por despido arbitrario para empleados con contrato a plazo indeterminado equivale, de manera general, a una remuneración y media por cada año trabajado, con un límite máximo de 12 remuneraciones. Esta fórmula serviría únicamente como referencia para calcular la compensación por la salida voluntaria y no implicaría la creación de una modalidad de despido indemnizado en el Estado.
El abogado laboralista Willman Meléndez explicó que el aspecto central de la propuesta será garantizar que la decisión de renunciar sea completamente libre. A su juicio, la futura norma deberá establecer mecanismos para impedir presiones o prácticas que puedan convertir estas salidas negociadas en despidos encubiertos.
El especialista recordó que durante la década de 1990 se produjeron ceses masivos en el sector público que posteriormente fueron cuestionados ante los tribunales. En varios casos, los trabajadores argumentaron que no contaron con tiempo suficiente para evaluar las condiciones ofrecidas o recibir asesoría antes de aceptar su salida.
La exposición de motivos del proyecto indica que uno de los principales objetivos es ordenar los distintos regímenes laborales que actualmente funcionan dentro del Estado. En la administración pública conviven trabajadores sujetos a los decretos legislativos 276, 728 y 1057, correspondiente al régimen CAS, además de la Ley del Servicio Civil.
Esta diversidad genera que empleados que desempeñan funciones similares puedan tener diferentes remuneraciones, beneficios, derechos y niveles de protección laboral, incluso cuando trabajan dentro de una misma institución pública.
Por el momento, la propuesta no define cuáles de estos regímenes tendrían acceso al incentivo por renuncia. Sin embargo, desde una perspectiva práctica, la medida podría estar dirigida principalmente a trabajadores nombrados o con contratos a plazo indeterminado.
En el caso de los contratos temporales, el Estado podría optar simplemente por no renovarlos al finalizar el periodo establecido. Por ello, el incentivo tendría mayor utilidad para reorganizar plazas permanentes o eliminar puestos considerados innecesarios dentro de determinadas entidades.
Meléndez advirtió que el proyecto todavía presenta lineamientos generales y que será el eventual decreto legislativo el que determine su verdadero alcance. Según indicó, la intención de evitar duplicidades de funciones podría implicar una cantidad considerable de salidas voluntarias dentro de la administración pública.
El sustento de la propuesta señala que la reforma pretende mejorar la eficiencia estatal, reorganizar los recursos humanos y garantizar la sostenibilidad fiscal del gasto destinado al pago de personal. También busca identificar con mayor precisión cuántas plazas son realmente necesarias en cada institución.
Otro de los objetivos es avanzar hacia un modelo laboral más uniforme dentro del Estado. Aunque el documento no precisa cuál sería el régimen elegido, la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, fue creada originalmente para convertirse en el sistema general del empleo público.
Sin embargo, su implementación continúa incompleta y todavía coexiste con los regímenes 276, 728 y CAS. Para el especialista, lo más razonable sería fortalecer este proceso antes de plantear la creación de un nuevo marco laboral.
La Ley del Servicio Civil incorpora criterios de meritocracia, evaluación del desempeño y equilibrio presupuestal, principios que podrían servir como base para ordenar progresivamente la administración pública y reducir las diferencias existentes entre trabajadores que cumplen labores similares.
La propuesta deberá ser debatida en el Congreso y posteriormente desarrollada mediante normas específicas. Su aplicación tendrá que equilibrar la necesidad de modernizar el Estado con la protección de los derechos laborales y la garantía de que cualquier renuncia incentivada se produzca sin presiones ni condicionamientos.
